El estudio global de las economías ilícitas suele verse empañado por el sesgo de la ilegalidad, abordándose casi siempre desde la óptica moral o policial; por esto, cobra gran relevancia la investigación realizada por los economistas Santiago Tobón y Daniel Mejía (EAFIT y Universidad de los Andes), la cual se centra en datos sobre los efectos económicos, dando una cruda luz sobre una realidad incontrovertible, que pocas personas pudieran negar: el narcotráfico en Colombia ya no es un simple apéndice de la delincuencia; es un holding empresarial transnacional altamente sofisticado.
El informe revela que en 2024 la economía de la cocaína generó aproximadamente 16.500 millones de dólares, superando los 15.000 millones de dólares de las exportaciones de petróleo, el principal motor legal de la economía colombiana.
La investigación desmitifica el peso real del narcotráfico en la macroeconomía nacional, situando al negocio ilícito en una escala sin precedentes que oscila entre el 4% y 4,8% del Producto Interno Burto (PIB). Para dimensionar el tamaño de este leviatán financiero, basta contrastar los ingresos capturados por las organizaciones criminales frente a los sectores legales del país durante 2024.
La comparación más pasmosa es la de la cocaína frente al petróleo. La primera produjo, según el estudio mencionado, USD$ 16.500 millones, y el segundo, USD$ 15.000 millones. Obviamente, los demás sectores económicos están muy por debajo de la coca, pues siguen en su orden el carbón y el coque, con USD$ 7.100 millones, y de allí, descendiendo, el oro legal, el café, flores y banano, muy por debajo de aquellas métricas.
Angustia, como lo revela el estudio, el crecimiento exponencial en la escala de producción, pues Colombia pasó de producir menos de 300 toneladas de cocaína pura hace una década, a la alarmante cifra de 3.001 toneladas en 2024, crecimiento que no estuvo impulsado por el aumento de precios, que se mantuvo estable, sino por una estrategia puramente de volumen y eficiencia industrial.
El hallazgo más disruptivo y crítico de la investigación radica en derribar el mito del ‘narco de playa’.
Tradicionalmente, se asumía que los grupos criminales locales vendían la droga en las costas colombianas a intermediarios internacionales, quedándose con la menor parte del pastel. La realidad de 2024 demuestra una maduración logística criminal, que es la sustitución de intermediarios por una integración vertical, pues las organizaciones colombianas ahora conservan la propiedad de los cargamentos durante el tránsito internacional.
Duele que, mientras el sector productivo legal enfrenta regulaciones, cargas impositivas y debates de transición energética que asfixian la industria petrolera, el capital ilegal goza de flexibilidad de libre mercado, expandiéndose de forma descontrolada.