La actual transición del poder, que históricamente había sido un símbolo de madurez institucional, se ha convertido en un cuadrilátero azaroso. Pero la suspensión del proceso de empalme, ordenada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella (ADLE), al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, no debe tomar por sorpresa a nadie, pues era apenas un desenlace previsible ante una atmósfera asfixiada por la inquina, el maltrato y un intercambio incesante de ofensas entre los delegados de ambas facciones.
La mecha que encendió este último polvorín fue la alarmante declaración del presidente saliente, Gustavo Petro, quien de manera antidemocrática proclamó tácitamente la insubordinación al desconocer explícitamente el triunfo electoral de ADLE. Afirmar, sin pruebas judiciales, que el verdadero ganador fue el excandidato Iván Cepeda mediante una supuesta manipulación algorítmica desde el extranjero, no es una simple pataleta de perdedor; es un desconcertante e inadmisible ataque directo a nuestra institucionalidad por quien en este momento la encabeza. Respaldar esa narrativa de desacato no solo deslegitima el voto de casi 13 millones de ciudadanos; también roza los abismos hacia un caos constitucional premeditado.
Sin embargo, la respuesta del bando entrante tampoco ha contribuido a la serenidad que un momento tan delicado exige. Aunque el equipo de ADLE defiende con justa razón la legalidad de su mandato popular, las formas importan, y mucho. El tono utilizado por el mandatario electo al calificar al actual Ejecutivo como un gobierno corrupto que pretende destruir a Colombia, sumado a los ataques previos de sus inmediatos compañeros de campaña y miembros de su mesa de empalme, configuran un ecosistema de agresión innecesario. Desde la percepción del ministro de Hacienda y coordinador saliente, Germán Ávila, el proceso se vio inundado por un nivel inédito de hostilidades que hacían imposible cualquier viabilidad institucional. Y es que no conviene que el empalme se convierta en un tribunal de linchamiento público ni una pasarela de egos inflamados, pues el país se encuentra fatigado de la polarización extrema.
Es imperativo que se calmen los ánimos de manera urgente. Los líderes políticos de todas las orillas están conminados a suspender de inmediato la ofensa, el ultraje y el maltrato a la dignidad del otro. La legitimidad de un gobernante no se construye destruyendo moralmente al adversario. Hoy más que nunca se requiere un llamado urgente a la cordura, a la decencia en el trato y al respeto por las reglas del juego democrático. Independientemente de las culpabilidades del gobierno saliente o de las prevenciones hacia el entrante, la dignidad del otro no puede soslayarse.
El futuro del país no puede quedar secuestrado por la tirria o la inquina de quienes están obligados a guiarlo con sindéresis.