Las revelaciones consolidadas en el Libro de la Verdad, si resultaren ciertas, indican que la crisis heredada por el nuevo Gobierno trasciende la retórica política y se adentra en un colapso institucional y fiscal sin precedentes.
Los hallazgos presentados por la administración entrante revelan una preocupante oscuridad administrativa, un patrón sistemático de comportamientos nocivos que erosionaron la capacidad operativa del Estado.
El panorama macroeconómico resulta francamente crítico, con un déficit fiscal del 7,8% del PIB, una deuda pública en el pico histórico del 61% y el agotamiento del 97% del cupo de endeudamiento anual en solo ocho meses. A esta asfixia se suma la penumbra en el manejo crediticio, con tasas de colocación de TES de hasta el 15% y vencimientos concentrados en este cuatrienio. Asimismo, la supuesta bandera de la reforma agraria exhibe un profundo maquillaje, ya que, de 351.463 hectáreas entregadas, apenas el 28% (98.148 ha) cuenta con registro pleno de propiedad, mientras la ANT desembolsó cerca de 1 billón de pesos a la SAE por 537 predios, de los cuales sólo tres tienen escritura registrada a favor de la Nación.
En el ámbito operativo, la parálisis afectó sectores claves. La Ungrd ejecutó apenas un paupérrimo 4,3%, de $15,3 billones en cuatro años, registrando $240.766 millones sin reintegrar de convenios vencidos. En salud, el Fomag acumuló 61 hallazgos de la Contraloría con presunta incidencia fiscal por $548.000 millones, mientras maestros retirados esperaron hasta siete años por sus pensiones.
En el frente social, la Sentencia T-302 para la niñez Wayúu se utilizó como sombrilla para entregar $1,78 billones en 1.085 contratos sin impacto verificable, y FonIgualdad transfirió $140.910 millones a una temporal sin soportes de ejecución.
Paralelamente, el país enfrenta un déficit de energía firme del 4,4%, Air-e pasó a patrimonio negativo con $2,59 billones en pérdidas, y el Ministerio de Defensa arrastra un déficit de $14 billones que dejó inmovilizada gran parte de su flota aérea.
Ante la contundencia de estos datos, el rigor democrático exige que el expediente trascienda la denuncia mediática. La creación de un grupo especial en la Fiscalía y las acciones del Equipo Élite Anticorrupción deben traducirse en investigaciones objetivas que garanticen el debido proceso.
Ya el nuevo Gobierno hizo lo que le correspondía: formular las denuncias ante los organismos competentes. Les corresponde a éstos actuar con diligencia y transparencia para que los responsables paguen por sus culpas.
Y surge el desafío a la nueva administración en transformar ese diagnóstico en reformas estructurales al sistema de contratación y rigor fiscal, demostrando que la verdad puesta sobre la mesa servirá para restaurar la confianza, y no como mera justificación frente a la estrechez presupuestal.