Bajo la excusa de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad, la proyectada instalación de nuevas cámaras de fotodetección en la autopista Barranquilla - Cartagena muestra la verdadera intención de las autoridades de tránsito: ¡convertir las vías nacionales en un lucrativo mecanismo de recaudo para engordar las arcas oficiales!
La insaciable insistencia del Instituto de Tránsito del Atlántico en sumar más dispositivos a una ruta que ya cuenta con cuatro puntos de control representa un atropello sistemático contra el bolsillo de conductores y propietarios de vehículos.
Como lo han dicho ya varios expertos y ciudadanos, es inaceptable que en una vía donde los usuarios aguardan la culminación de la doble calzada para agilizar sus desplazamientos, la única respuesta gubernamental sea sembrar trampas electrónicas. Completar siete cámaras en este tramo es un exceso flagrante. La retórica oficial justifica reducciones abruptas de velocidad a 30, 60 o 70 km/h amparándose en supuestos estudios técnicos, pero en la realidad cotidiana estas señales solo generan desorientación e inducen al error, tal como ocurre también en el trayecto Cartagena - Tolú, donde la señalización contradictoria actúa como una celada cazabobos: el conductor, confundido ante la fluctuación intencionada de límites, termina sancionado sin haber actuado de mala fe. El vehículo no reduce el paso por cultura vial; frena por pánico a la fotomulta para luego acelerar tras superar el lente, demostrando la ineficacia preventiva del sistema. El propio Gobierno (Presidencia y MinTransporte) ha calificado de desmedido este despliegue, exigiendo la suspensión de los nuevos equipos y una revisión a fondo del modelo.
Como señalan expertos en la materia, la fotodetección no transforma la conducta cuando opera de forma aislada. Sin pedagogía previa, sin presencia de control humano visible y sin una señalización verdaderamente transparente, el mecanismo pierde toda validez ética.
Las cámaras de velocidad no previenen accidentes ni salvan vidas en estas condiciones; funcionan simplemente como peajes encubiertos que benefician a concesionarios y organismos de tránsito a costa de la buena fe de los viajeros. Si la prioridad fuera la vida, el recaudo se auditaría y reinvertiría de forma transparente en iluminación, ingeniería y mantenimiento de la vía.
En la gestión internacional de la movilidad y la velocidad existen diversas estrategias tecnológicas, de ingeniería y pedagógicas que han demostrado ser más efectivas y transparentes que la fotodetección punitiva tradicional, tales como el rediseño geométrico de calzadas o las rotondas modales pequeñas que rompen las rectas continuas.
Poner un freno definitivo a este negocio cazaconductores y exigir que la seguridad vial se construya con respeto al ciudadano, se impone.