La publicación de los resultados del Informe PISA 2025 ha reactivado una urgente y encendida controversia sobre el estado de la educación en Colombia. Tras la evidencia de un estancamiento en niveles críticos, donde el 71% de los estudiantes no alcanza las competencias básicas en matemáticas y el 55% presenta rezagos en lectura, los análisis coinciden en que el país enfrenta una crisis estructural de calidad.
Sin embargo, la lectura de las causas y las soluciones propuestas revela dos posturas divergentes que oscilan entre la exigencia de reformas de fondo al modelo pedagógico y la defensa de la escuela pública frente a la polarización política.
Por un lado, una corriente crítica sostiene que el principal obstáculo para el avance educativo radica en un modelo permisivo y en la resistencia corporativa del magisterio. Este enfoque señala que la dirigencia sindical y los marcos normativos laxos han promovido un ‘facilismo pedagógico’ que reduce la exigencia, devalúa el mérito y limita la evaluación docente por resultados. Desde esta perspectiva, la equidad no se logra rebajando los estándares de aprendizaje ni regalando el paso de año escolar, sino devolviendo la autoridad al aula, restaurando la disciplina y priorizando el conocimiento sólido de los docentes para que los estudiantes de menores recursos reciban una educación de calidad y puedan competir en una economía globalizada e impulsada por la inteligencia artificial.
Por otro lado, sectores académicos y defensores del sistema público aportan un matiz amplio que trasciende la simple responsabilidad docente. Se argumenta que el estancamiento nacional debe leerse en el marco de una tendencia global de declive educativo asociada al uso de pantallas y la pérdida de concentración, y del impacto de la ampliación de cobertura, la cual ha integrado a las pruebas a poblaciones históricamente marginadas. Desde este sector, voces políticas y gremiales como Fecode rechazan que se utilice el informe PISA como pretexto para estigmatizar al maestro o impulsar la privatización del sistema mediante bonos escolares, insistiendo en que la transformación requiere mayor inversión estatal, infraestructura adecuada, reducción de la brecha digital y apoyo integral a la labor educadora.
A pesar de estas discrepancias ideológicas, ambos análisis convergen en una advertencia fundamental: el país no puede permitirse la inacción. Ya sea mediante una revisión rigurosa del currículo y la formación docente, o a través del fortalecimiento de la financiación y la equidad social, la educación requiere ser tratada como una verdadera política de Estado. Continuar reduciendo el descalabro del aprendizaje a un choque partidista o a excusas metodológicas, compromete el pensamiento crítico, la productividad y el desarrollo de las futuras generaciones.