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Editorial

¡Orden en el litoral!

“La convivencia entre el turismo recreativo y la seguridad humana exige educación, carnetización obligatoria, controles de alcoholemia continuos y una frontera infranqueable en el agua...”.

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La ciudad sigue avanzando en la transformación de su borde costero. La reciente inauguración de Playa 4 en Bocagrande, entregada por la Alcaldía con vocación inclusiva, accesibilidad para personas con movilidad reducida, servicios organizados y regulación de precios, demuestra que la articulación institucional puede devolverle la dignidad al espacio público.

Pero este notable esfuerzo urbano contrasta drásticamente con el caos, la anarquía y el peligro que persisten mar adentro y en la zona insular de La Fantástica.

Mientras en la orilla se proyecta una ciudad moderna, en las aguas de Cholón, Tierra Bomba y las playas de Bocagrande y Castillo se repite una funesta costumbre: el descontrol prácticamente absoluto de las motos acuáticas.

El reciente choque de un jet ski contra una lancha cargada de pasajeros en Cholón es apenas el síntoma de una problemática mayor. Convertidas en aparentes juguetes de entretenimiento, estas embarcaciones se transforman en armas mortales cuando son pilotadas por personas sin capacitación, menores de edad o individuos bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, quienes operan sin dios ni ley defendiendo una noción distorsionada del derecho al trabajo.

El verdadero reto de Cartagena no radica únicamente en dotar la arena de infraestructura, sino en imponer la autoridad sobre el agua. El principio de legalidad y el derecho policivo deben aplicarse sin distinciones de estrato ni complacencias gremiales. No es admisible que los operativos de la Capitanía de Puerto y Policía sean esfuerzos aislados que se diluyen cuando los funcionarios no están, permitiendo que la imprudencia vuelva a apoderarse del mar.

En este sentido, la experiencia internacional ofrece lecciones valiosas sobre la ordenación del litoral. Ejemplos de regulación costera, como la estricta zonificación aplicada en Europa, donde se libra un debate punzante sobre la concesión de playas, enseñan que el espacio público marítimo exige delimitaciones claras para garantizar tanto el aprovechamiento económico como la seguridad de los ciudadanos.

A propósito del proceso de reordenamiento comercial y turístico que adelanta la Alcaldía Distrital, Cartagena debe dar un paso definitivo hacia una regulación náutica rigurosa. Es urgente que en cada playa, tanto urbana como insular, se establezca una delimitación física y categórica, con un canal exclusivo de acceso y tránsito para motos acuáticas y embarcaciones de motor, perfectamente separado, mediante señalización y boyado, de la zona delimitada para los bañistas en cada playa.

La convivencia entre el turismo recreativo y la seguridad humana exige educación, carnetización obligatoria, controles de alcoholemia continuos y una frontera infranqueable en el agua. La vida de los ciudadanos y la reputación del destino no pueden seguir a merced del descontrol.

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