El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, envió una carta a Antonio Gutierrez, secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que recalca que los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, firmados durante su mandato no contemplan la creación de una constituyente.
El ex mandatario aclaró que en la entrega final del acuerdo completo para el 29 de marzo de 2017 en ningún espacio se presentó la posibilidad de crear una asamblea nacional constituyente a costas de los acuerdos con las FARC. Lea también: “Petro llevará la voz del pueblo ante la ONU”: Álvaro Leyva sobre la constituyente
“Funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, declaró en la carta Juan Manuel Santos.
“Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no sólo de las leyes que desarrollaron el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales”, añadió.
Así mismo, Santos afirmó que hoy por hoy se está tratando de tergiversar el acuerdo con el fin utilizarlo para reformar las reglas vigentes de la constitución.
El exmandatario también recalcó que la Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por una reforma constitucional, sin embargo, pasó por todos los organismos necesarios para su aprobación según lo establece la ley, y esta entidad debe mantener una independencia absoluta frente a malinterpretaciones del acuerdo.
“Destaco, por ejemplo, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada por una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2017) adoptada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional. Estimo necesario referirme específicamente a este tema, porque el Acuerdo Final consideró esencial que, además de darles verdad a las víctimas, les fuera garantizado su derecho a la justicia, mediante la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros graves delitos expresamente enumerados”, dijo.