El pasado 12 de agosto, concejales como Gloria Estrada, Carolina Lozano y César Pion instaron al presidente Gustavo Petro a que se apropiara de la seguridad de Cartagena, ante la supuesta falta de control del tema por el Distrito. Los cerca de 220 homicidios en lo que va del año y robos a turistas, atizan la sensación de inseguridad en la ciudad. (Lea: Inseguridad en Cartagena: en promedio, cada día matan a una persona)
Mientras las autoridades activan planes para controlar la inseguridad y adelantan las investigaciones pertinentes para capturar a los criminales, desde el Concejo de Cartagena invitaron a una mesa con distintos actores ciudadanos, gubernamentales y privados para concertar soluciones al problema.
Gloria Estrada, presidenta del Concejo; y Carolina Lozano, vicepresidenta, en representación del Concejo de Cartagena, solicitaron al presidente de la República, Gustavo Petro; y a Alfonso Prada, ministro del Interior, para que intervengan de manera inmediata al Distrito. “Desde nuestra posición cumplimos con nuestra función de control político y eso hemos venido haciendo de manera permanente y en virtud de eso hacemos este llamado, que es un grito de auxilio, pues si desde lo local ha sido imposible garantizar la seguridad a los que residen o vistan esta ciudad, se hace menester que la Nación tome las medidas pertinentes que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana”.
Según los demandantes, los hurtos, hechos de sicariato y conductas similares que azotan a la capital de Bolívar registraban un aumento del 91% para el 2022, indicó la W Radio.
“Además, advirtieron que la situación había desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad, al punto que condujeron al alcalde William Dau a solicitar asistencia militar al Gobierno Nacional”, recalcó el medio.
Sin embargo, el Consejo de Estado declaró improcedente la demanda porque si bien los actores consideran que se les están violando varios derechos, lo cierto es que, de comprobarse alguna vulneración, estaría dentro de los procesos colectivos.
“Y en este caso, la acción jurídica prevista para proteger este tipo de prerrogativas es la acción popular, no la tutela, la sala considera que la demanda, para este caso específico, no es la adecuada”, precisó la W Radio.
Además, la sala explicó que el caso no reúne las circunstancias que, excepcionalmente, permiten al juez de tutela asumir el conocimiento de acciones jurídicas de amparo constitucional como esta, aunque no se reúnan los requisitos de procedibilidad.
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