“Se sacan los cadáveres de cuatro personas, estos se encontraron en horas de la mañana. En la zona de la finca, más adelante, 300 metros más adelante de este primer sitio donde hay dos cadáveres, se encuentran dos cadáveres más”, estas fueron las palabras de Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, en una rueda de prensa donde entregó información sobre la masacre ocurrida la madrugada de este miércoles, 19 de marzo, en zona rural del municipio de Andes.
El asesinato de cuatro recolectores de café en la finca La Amistad ha causado conmoción.
Según las autoridades, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó al lugar, ordenó al mayordomo que no abandonara su alojamiento y se dirigió al campamento donde dormían los trabajadores. Allí, los perpetradores sacaron a cuatro hombres y les quitaron la vida en un acto de extrema brutalidad.
Entre las víctimas se encuentran un padre y su hijo, identificados como Ovidio de Jesús Cardona Henao y Hermis de Jesús Cardona Arredondo, quienes trabajaban en la finca al momento del ataque, reveló El Colombiano.
Según las investigaciones preliminares, una de las otras víctimas había llegado a la región hace un mes desde la costa Caribe, mientras que los restantes dos eran ciudadanos venezolanos. Puede leer también aquí: Hallan a 2 pescadores asesinados: a uno le cortaron la cabeza
Las autoridades señalan que este crimen podría estar relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona. Las hipótesis iniciales indican que el ataque fue cometido por integrantes de grupos armados ilegales, quienes buscan controlar las rutas del microtráfico y del narcotráfico en esta región estratégica del suroeste antioqueño.
Las autoridades han desplegado un operativo en la zona para dar con los responsables de esta masacre, mientras se fortalecen las medidas de seguridad en el municipio. Le puede interesar leer: Capturan a dos extorsionistas que amenazaban a vendedores ambulantes
La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han instado a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a los trabajadores rurales y erradicar la violencia que afecta a las comunidades más vulnerables.