La disputada porción del parque Apolo

La disputada porción del parque Apolo
El Juzgado Octavo Civil del Circuito, el 26 de marzo de 2012, le dio la razón al banco, declarando probada la acción reivindicatoria ficta o figurada, contra el Distrito de Cartagena, que recae sobre los 794,92 metros cuadrados del predio en el parque Apolo.

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¿Qué pensaría el cuatro veces presidente de Colombia si se asomara por el balcón de su casa y viera el parque Apolo? Quizá Rafael Núñez se sentiría avergonzado al notar la fatiga de los árboles, las rejas carcomidas y una infinidad de pesares. Su esposa, doña Soledad, a lo mejor sufriría pena ajena y propia de observar que el regalo que le hicieron a Cartagena no solo se ve abandonado, sino que estaría sumergido en un lío judicial de vieja data.

Un tramo ‘ajeno’

¿Puede un pedazo de este parque, tan emblemático, haber sido de alguien como usted o como yo? Pues parece que sí. En el año 2001 hubo un banco que inició una batalla jurídica para reclamar sus derechos sobre una parte de terreno de esta propiedad. Sí, así como lo está leyendo. Decía el banco, en sus alegatos jurídicos, que el predio, al que identifican con la matrícula inmobiliaria No. 06056190, le pertenecía. Son 794,92 metros cuadrados, en un área total ocupada en parte por la tarima del teatrino.

¿Pero y cómo llegó parte de este histórico parque a ser de un banco? Está visto que en Cartagena cualquier cosa puede pasar. Resulta que el predio en principio, tuvo varios dueños. El último de ellos lo dio en hipoteca al banco en razón de un crédito, y como no lo pudo pagar, entregó su predio al banco en dación de pago. De hecho, así está inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, que ha dado de qué hablar en los últimos días.

Tiempo después de efectuado el negocio jurídico, ya en el 2001, la entidad bancaria inició el proceso judicial conforme su derecho, porque tenía el título, mas no la posesión. El banco mediante proceso reivindicatorio ficto, le pide al juez que exija al poseedor del inmueble, o sea al Distrito de Cartagena de Indias, que le pague el valor del inmueble.

La primera instancia

El Juzgado Octavo Civil del Circuito, el 26 de marzo de 2012, le dio la razón a Bancolombia (antes Conavi), declarando probada la acción reivindicatoria ficta o figurada, contra el Distrito de Cartagena, que recae sobre los 794,92 metros cuadrados de su predio. Esto quiere decir que en el derecho colombiano, cuando una propiedad privada se ha usado como bien público – todos usamos el parque-, no hay lugar a que el inmueble sea restituido como tal, sino que la ‘restitución’ se hace en dinero: figura de la reivindicación ficta. En este caso, el juez ordenó al Distrito pagar a Conavi, 278 millones de pesos, por concepto del valor del inmueble reivindicado. Para finiquitar su decisión, el juez también ordena la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Con esta decisión, en principio, quedarían todos contentos, el banco recibiría su dinero y el predio oficialmente pasaría a ser de propiedad exclusiva del Distrito, pero la sentencia fue apelada.

La segunda instancia

Toda buena historia tiene segunda parte, para unos mala, para otros buena. Esta no fue la excepción. El banco, no contento con el fallo, apeló, considerando que el precio asignado al inmueble no se correspondía con el que debían pagarle, pues la proyección se hizo con precios desactualizados y no al valor real del inmueble en el 2012, cuando se expidió el fallo. Obviamente se trata de terrenos, en una de las zonas más exclusivas de Cartagena, que tenían un valor comercial mucho más alto. Además, el Distrito también apeló el fallo, defendiendo el interés público de la ciudad, radicado en el parque cuyo disfrute es de todos. La Administración Distrital pidió declarar nulo el proceso, argumentando que el banco recibió los terrenos en dación de pago por una deuda hipotecaria, “a sabiendas que los mismos se ubicaban en el parque Apolo”, un bien que todos conocían como de uso público.

Años después, el 2 de marzo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena falló de nuevo a favor del banco, quien probó ser propietario del lote de 794,92 m2, y sustentó las razones para aumentar el avalúo. La nueva sentencia ordena al Distrito pagar 470 millones 900 mil pesos a Bancolombia, lo que incrementaba notoriamente el monto inicial. Adicionalmente, la sentencia confirma lo resuelto en la primera instancia.

Las pretensiones del Distrito fueron desestimadas por el Tribunal, señalando que: “A pesar de que el banco demandante adquirió el bien en fecha posterior a la ocupación del lote por parte del Distrito, esto es en el año 2000, también lo es que su propiedad viene respaldada por títulos de los propietarios anteriores, que datan del año 1937, como se observa en el Certificado de Libertad y Tradición”.

También afirma que: “La ocupación que hiciera el Distrito, de la porción del bien de propiedad del demandante, se dio cuando se realizaron las obras de remodelación y ampliación del parque Apolo y no desde la creación del mismo”. También se enfatiza en el proceso que no existió mala fe por parte del Distrito al ocupar los predios ajenos destinados al uso común.

Más tela por cortar

En esta larga historia hay una tercera parte. El litigio parece no acabar. Los abogados del banco, con su sentencia a favor, y en firme, iniciaron el proceso ejecutivo para cobrar al Distrito la cuantía especificada en la demanda, además de las costas equivalentes a 13 millones de pesos, más los intereses, con lo que la obligación podría ascender a unos $500 millones.

En respuesta, el Distrito formuló una excepción de mérito, solicitando al juez abstenerse de seguir adelante con la ejecución y “decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ordinario por falta de jurisdicción”, y acatar el debido proceso citando a audiencia de conciliación.

Este trámite pudo haber encontrado su ocaso en el 2008, cuando hubo un intento de ‘Acuerdo de voluntades’, para “terminar, cualquier litigio, conflicto o diferencia existente” entre las partes. El banco proponía “donar” el predio a la Alcaldía que, en contraprestación, asumiría “únicamente la cancelación del impuesto predial adeudado por el inmueble”, entregando un paz y salvo al banco. Pero dicho acuerdo no fue posible.

Hasta el 28 de febrero de 2019, en el certificado expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos aparece la anotación de “embargo por jurisdicción coactiva instaurado por la Tesorería Distrital de Cartagena”, sobre el predio. En el registro aún no aparece inscrito el fallo de primera instancia, como lo ordenó el juez.

***

Mientras en los estrados judiciales se ha librado toda esta batalla judicial, el parque no está tan lleno de visitantes como solía verse. Es un espejismo en los recuerdos de quienes lo conocieron en su esplendor, ese del que alguna vez fueron testigos el mismo Rafael Núñez y Soledad Román. Y, por cierto, los restos de ambos reposan en un mausoleo de la Ermita, a unos metros del pedazo de tierra disputado. Sucede en Cartagena, una ciudad donde pasa de todo y no pasa nada.

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