Recientemente la Contraloría General de la República emitió una alerta sobre un posible riesgo de racionamiento y cese en la prestación del servicio de energía eléctrica en diversas regiones del país, esto debido a un retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Conforme a la información, este retraso afectaría a empresas prestadoras del servicio en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), lo que podría dejar a más de 10 millones de personas sin acceso a electricidad en estas zonas.
Según el informe del ente de control, “se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Esta situación, advierte la Contraloría, “puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía”. Lea también: 10 millones de personas en riesgo por posible racionamiento de energía
“Hay que tener en cuenta que son dos deudas distintas, la de los subsidios y la de la opción tarifaria, para entender la denuncia de la Contraloría General de la República, que no brinda cifras al respecto. Los subsidios según la Ley 142 de 1994 para los estratos 1, 2 y 3 tienen dos fuentes para pagarlos. La primera son los Fondos de Redistribución de Ingresos que, en energía, pagan los estratos 5, 6 y comercial con una sobretasa llamada contribución y que es del 20 % sobre el consumo total. Como esos recursos no alcanzan, se tienen que completar con dineros del Presupuesto General de la Nación, según la ley. O sea, que los faltantes para pagar este subsidio los pagamos todos los colombianos”, explicó a El Universal Norman Alarcón Rodas, coordinador en la región Caribe de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos.
Y anotó: “La cifra que da hoy José Camilo Manzur de Asocodis, es que el Gobierno les debe $1,3 billones de pesos por concepto de subsidios del servicio eléctrico y que, para el próximo año falta apropiar $700.000 millones, para un total de dos billones de pesos”.
Respecto a la situación de los habitantes en la Costa Caribe, señala que “hay unos 2,7 millones de hogares consumidores de energía, casi 11 millones de personas, de los cuales el 80 % reciben subsidios por pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, o sea, 2,16 millones de hogares, 8,64 millones de habitantes”.
La opción tarifaria
Además del retraso en los subsidios, la Contraloría también señala hay otros factores que agravan la situación. Entre ellos, “la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’”, una medida que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares. Asimismo, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía podría limitar el suministro del servicio por parte de los generadores a estas empresas, especialmente en la Costa Caribe. Al respecto, Alarcón señaló lo siguiente: “La opción tarifaria es diferente porque son deudas que les adjudican a los usuarios desde la época de la pandemia cuando hubo una congelación por seis meses de los cobros de las facturas, pero mucha parte de los usuarios pagaron y ahora se los vuelven a cobrar”.
Según la información entregada por la Liga de Usuarios, las cifras que se conocen son las siguientes: a Afinia se le deben $1,7 billones por opción tarifaria; en cuanto Air-e, está cobrando $850.000 millones que los ha venido facturando aceleradamente desde principios de este año y según cálculos del economista Jorge Vergara Carbó (exgerente de Corelca) Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira ya cobró $715.000 millones, es decir, solo se les debería $135.000 millones. Lea también: Compradores de apartamentos en Crespo denuncian retrasos con la entrega
“Se debe aclarar que el Gobierno nacional se comprometió a pagar la opción tarifaria en una visita del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de mayo, pero no ha cumplido hasta el momento, porque dice que solo es para los estratos 1, 2 y 3 y que necesita llevar un proyecto de ley al Congreso para asumir esas deudas cuando este lo apruebe”, señala el coordinador en la región Caribe de la Liga de Usuarios.
Y concluye: “La situación se agrava para los usuarios del Caribe por las altas tarifas impagables que se les está cobrando producto de un régimen especial tarifario contra los costeños (que incluye pago de hurtos y fraudes), por la opción tarifaria, lo mismo que el cobro de una sobretasa a la comercialización del 20 % solo para esta región, y las altas rentabilidades de todas las empresas del sector eléctrico. La Liga Nacional de Usuarios exige tarifas pagables ya”.