Cartagena


“Podría haber riesgo de condena” al Distrito por Corredor Portuario

Así lo advierte la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que dio recomendaciones al Distrito para contestar la demanda de KMA Construcciones.

MÓNICA MEZA ALTAMAR

22 de octubre de 2021 10:00 AM

Está por iniciar el término en el que la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de William Dau Chamat, debe contestar la demanda interpuesta por la firma KMA Construcciones a raíz de su negativa a firmar el proyecto APP “Corredor Portuario de Cartagena”.

Sobre esta controversia, El Universal conoció que, en el marco de un convenio interadministrativo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dio recomendaciones al Distrito para “dar contestación a la demanda de forma oportuna”.

Recordemos que bajo el esquema APP (Asociación Público Privada en la modalidad de iniciativa privada y sin fuente de ingresos en recursos públicos), el “Corredor Portuario de Cartagena” fue adjudicado a KMA Construcciones el 16 de diciembre de 2019, durante el gobierno de Pedrito Pereira Caballero. Lea: Corredor Portuario de Cartagena y Quinta Avenida, dos proyectos congelados

KMA Construcciones instauró una acción judicial de controversias contractuales contra la administración distrital.

En este acto administrativo, las partes se comprometieron a suscribir la minuta del contrato a más tardar a los 30 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, pero Pereira Caballero tuvo que terminar su periodo el 31 de diciembre del mismo año y a gobernar Cartagena llegó William Dau Chamat, quien a la fecha no ha firmado el contrato adjudicado.

KMA Construcciones instauró una acción judicial de controversias contractuales contra la administración distrital. Y es sobre esta demanda que la ANDJE dio recomendaciones y expresó su preocupación. Lea: Acción legal contra el Distrito por no firmar APP Corredor Portuario

Las recomendaciones

En su asesoría, la Agencia asegura que si la Alcaldía de Cartagena no es la originadora del proyecto y si se verifica que este no es “de la modalidad de aquellos que sí generan afectación o compromiso de recursos públicos”, el acto administrativo de adjudicación solo podría revocarse si se encuentra realizado al menos uno de estos cinco hechos: inhabilidad, incompatibilidad, fuerza mayor, caso fortuito, u obtención por medios ilegales.

La consecuencia jurídica del acto administrativo de adjudicación sí es en efecto el que se firme el contrato pues el acuerdo de voluntades ya fue antes sellado”.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Y agrega: “Es importante tener en cuenta que, los anteriores escenarios pueden llegarse a demostrar; pero aun así, el despacho puede que no los califique como una fuerza mayor o como obtención ilegal, por encontrarlos previsibles o como de responsabilidad de la Administración, por lo cual se reitera que en este asunto el escenario es bastante complejo y poco favorable, por lo cual la opción de la conciliación sigue siendo la más recomendable”.

La ANDJE advierte que el demandante, KMA Construcciones, aduce que en la supuesta creación y consolidación de la APP “fondeó con recursos por valor de $1.044.625.000, y que también ha hecho inversiones por cerca de $19.730.122.500, pues de ser esto verdadero y de no haberse objetado en tiempo tales acciones e inversiones, desde ya sufre el Distrito un grave riesgo litigioso en respecto de que le sean judicialmente reconocidos al adjudicatario perjuicios por daño emergente y en especial por lucro cesante, de una no despreciable cantidad, lo que en virtud de una eventual sentencia judicial serían pagaderos, esos sí, contra los recursos públicos”.

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“En ese sentido -añade-, se recomienda realizar una valoración probatoria (...) De cara al lucro cesante, se considera que este asunto podría ser definido desde la teoría de pérdida de oportunidad o chance, porque no es posible que se pueda demostrar con certeza lo que verdaderamente se hubiese podido percibir por el contrato, máxime porque se trata de una APP, y porque a pesar de que, incluso se haya podido establecer una utilidad, pueden existir circunstancias que determinen que la misma no se llegue nunca a obtener”.

La preocupación

Al final de su asesoría, la Agencia “reitera su preocupación por el caso, dado que la defensa es verdaderamente complicada y se considera que existen riesgos, que no solamente podría perjudicar al ente territorial, sino que representa un peligro para el alcalde, el jefe de contratación y otros servidores implicados frente a una futura acción de repetición”.

Resalta que “de no poder demostrar las circunstancias de fuerza mayor y de obtención ilegal, nuevamente se aconseja la posibilidad de una conciliación en la cual se fije un compromiso de suscripción del instrumento contractual”.

Sobre la conciliación

La conciliación prejudicial o extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos entre los particulares y Estado, y obligatoriamente debe adelantarse ante un agente del Ministerio Público, antes de presentar una demanda relacionada con las controversias contractuales.

Cuenta con funciones como la de descongestionar los estrados judiciales, dinamizar la toma de decisiones, generar ahorros presupuestales y propiciar seguridad jurídica a los ciudadanos; las partes en conflicto pueden avenirse a acuerdos que las favorezcan por igual.

Las personas jurídicas de derecho público por medio de sus representantes legales o por conducto de apoderado podrán conciliar total o parcialmente conflictos de carácter particular y contenido económico. Es obligación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervenir activamente en la audiencia de conciliación, con el fin de lograr que las partes se reconozcan en sus derechos, expresen sus puntos de vista y propongan fórmulas de arreglo para conciliar sus diferencias.

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