Casi un mes después de que el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación ordenaran al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, la demolición de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela, el jefe del Ministerio Público ratificó la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la construcción. (Lea aquí: Tras identificar fallas estructurales, ordenan demolición del Aquarela)
El procurador Fernando Carrillo, en una carta enviada al alcalde Dau, reiteró que las conclusiones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) sobre la edificación resultan altamente preocupantes y son muy contundentes en cuanto al grave riesgo que representa la construcción para la seguridad y vida de los habitantes de Cartagena.
Y es que según el estudio de la SCI, el edificio, que se alza en el barrio Torices y a escasos 200 metros del Castillo San Felipe, no cumple con los parámetros de sismicidad ni resistencia al fuego y no soportaría los cambios de diseño requeridos para restituir el espacio público que ocupa de forma indebida.
El jefe del Ministerio Público solicitó a la Alcaldía que se coordinen las actuaciones que se vienen analizando en las mesas de trabajo realizadas entre el procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, funcionarios del Distrito, Mincultura y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). (Le puede interesar: Aquarela: estas son las fallas halladas en el edificio)
“El informe es contundente”
En la misiva, enviada por el procurador Carrillo al mandatario de los cartageneros, se dio conocer que, en una reunión realizada el pasado 5 de junio entre las partes antes mencionadas, el subdirector general de la UNGRD, Gerardo Jaramillo, expuso que el informe aportado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre Aquarela es contundente, por lo que procedería frente al mismo la declaratoria de estado de emergencia en el marco de la Ley 1523 de 2012, por parte de las autoridades distritales.
Igualmente, Jaramillo sostuvo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podría prestar asistencia técnica y colaboración ante las medidas que se lleven a cabo para la demolición del proyecto habitacional. (Lea aquí: Unesco apoya solicitud de demolición de Aquarela)
En la carta también se detalló que el procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez, convocará a una nueva mesa de trabajo para este viernes 26 de junio a las 9 de la mañana, en vista de la solicitud del director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, Fernando Abello, para evaluar el estado de cosas y tomar decisiones.
Hablan los constructores
La Promotora Calle 47 S.A.S, constructores de Aquarela, manifestó a El Universal que ayer, 24 de junio, remitió de manera virtual un derecho de petición ante el despacho del alcalde William Dau en el que se advierte de los riesgos de generar un daño antijurídico al llegar a intervenir el edificio.
Además “le reiteran las conclusiones erróneas y carentes de fundamentos al que han llegado tanto el fallo policivo, que se adoptó con base en pruebas no idóneas, como el estudio de la SCI, que fue adelantado sin considerar la totalidad de los estudios técnicos del proyecto”. (Lea aquí: “Le pedimos al alcalde que se abstenga de demoler”: constructores de Aquarela)
El consorcio constructor indicó que este derecho de petición se suma a la comunicación radicada en la Alcaldía el pasado 2 de junio y que, a la fecha, no ha tenido respuesta. En esta argumentan que la construcción se desarrolló teniendo en cuenta la normatividad técnica aplicable y con base en las licencias aprobadas y le piden al mandatario que se abstenga de atender la petición de Mincultura y la Procuraduría, ya que son los jueces de la República, a través de sus decisiones en el marco del debido proceso, los encargados de ordenar cualquier fallo sobre la construcción.
La Promotora Calle 47 precisó que ni el Ministerio de Cultura ni la Alcaldía de Cartagena le han permitido conocer una versión oficial del documento de la SCI ni ejercer su derecho de contradicción.
Sin embargo, los constructores agregaron que “de lo expuesto en precedencia, así como de la lectura de una versión no oficial, dada a conocer por un medio de comunicación el pasado cuatro de junio, concluyen que el concepto no tiene el sustento técnico necesario para valorar la vulnerabilidad estructural de la construcción”.