A través del Decreto 0186 del 17 de febrero de 2021, la Alcaldía de Cartagena autorizó el aumento del aforo permitido en Transcaribe hasta el 70% de la capacidad de los vehículos, teniendo en cuenta que se debe mantener la distancia para reducir el riesgo de contagio de COVID-19; sin embargo, durante los últimos tres días esto pasó a ser cosa del pasado.
El acceso gratuito por la suspensión del servicio de recaudo en las estaciones y buses ha llevado a que se pierda el control de cuánta gente está haciendo uso del sistema, así como del límite de aforo en cada bus.
En un recorrido hecho por El Universal evidenciamos la falta de autoridad en las estaciones, pese a que en la gran mayoría de estas había al menos un policía. Aglomeraciones, personas perdidas sin conocer las rutas, irrespeto a las filas, usuarios sin tapabocas, nulo distanciamiento, ventas y demás, fueron algunas de las conductas que notamos a simple vista. (Lea aquí: Transcaribe suspende operación tras vandalismo e indisciplina de usuarios)
De acuerdo con un empleado de Transcaribe, que pidió reservar su nombre, también se están presentando hurtos en las estaciones. “Están robando a los usuarios, ya se han presentado varios casos. A ‘mano suave’ les sacan los celulares o las cosas y está tan lleno que es imposible solucionar la situación. Enviamos un mensaje de alerta a los usuarios para que se cuiden cuando usen el sistema”.
Si bien es cierto que la gratuidad del servicio ha llevado a que mucha gente lo use por primera vez y conozca sus ventajas, también lo es que esta medida no debe ser indefinida, pues aumenta aún más el déficit financiero y las pérdidas de los operadores.
“Esto no debe ser gratis porque Transcaribe ha invertido mucho dinero y eso tienen que recogerlo nuevamente, como todos los negocios. Ahora lo estamos aprovechando, pero eso no es legal, es un absurdo”, manifestó Alcides Martin, usuario del SITM.
Lo que han dejado de pagar los usuarios durante estos cuatro días deberá ser asumido por Transcaribe, pues el riesgo materializado por Dataprom es su responsabilidad, según lo pactado en los contratos de concesión. (Le puede interesar: Concejo pide acciones a Secretaría de Hacienda sobre Transcaribe)
De acuerdo con Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, los operadores necesitan recibir el pago por los kilómetros recorridos.
“Si el concesionario que ellos tienen contratado para efectuar el recaudo no aguantó más, igualmente ellos (Transcaribe) nos tienen que cumplir. Finalmente, esta mañana -ayer- Sindry Camargo nos dijo que nos van a pagar estos días”.
Agregó que no ve de parte de la Alcaldía una disposición de aportar los recursos y en las condiciones de déficit actuales nadie puede garantizar que va a poder seguir sosteniendo la operación.
“La Alcaldía de Cartagena nos está llevando a todos los concesionarios a la misma situación; el fin de semana fue el recaudador, pero esta semana o la siguiente puede ser cualquiera de nosotros (Sotramac o Transambiental)”.
Nieto también recalcó que el costo de la operación de Sotramac, sin tener en cuenta el servicio de la deuda o el gasto financiero, está por el orden de $2.300 millones al mes.
“Transcaribe nos viene pagando cerca de $1.050 millones por mes, es un déficit de $1.250 millones mensuales que lo venimos asumiendo en su totalidad desde el 19 de enero, cuando se agotaron los recursos”.
Continuó diciendo que “toda la confianza inversionista la ha destruido el alcalde; los financiadores no creen en esto, los accionistas tampoco. Él (Dau) está echando al traste una gran inversión, está dejando a muchos barrios sin ruta, está dejando a los cartageneros volver a la edad de piedra en materia de transporte y está matando casi 3 mil empleos”.
Esta postura va de la mano con lo señalado por Mauricio Sandoval, gerente de Transambiental, quien contó que la principal afectación se está concentrando en los acreedores del sistema, “ya que, al saber que no se están generando ingresos, están cerrando todas las posibilidades de cualquier tipo de servicio”.
“No entendemos cómo la administración distrital y Transcaribe, a pesar de una dificultad que ya viene anunciada hace meses, al día de hoy, con 4 días de gratuidad, no tenga claro un plan de contingencia de cómo abordar la situación. Esto es asfixiante y avecina la parálisis del SITM”.
Este detenimiento del sistema, por primera vez, está siendo motivo de preocupación entre los usuarios, pues la crisis ya es palpable.
La crisis, que hasta el momento encontró una “salida fácil”, ha empeorado con las últimas declaraciones de las partes. Diego Muñoz Tamayo, apoderado de Dataprom, contó que por el momento no hay manera de echar para atrás esta decisión. (Lea aquí: Dataprom no prestará servicio de recaudo hasta que Transcaribe dé garantías)
“La única opción es que Transcaribe demuestre que está en la capacidad de cumplir con sus obligaciones y dispone de los recursos necesarios para garantizar la viabilidad de ese contrato, lo cual, en este momento, no se vislumbra posible”.
La deuda, que asciende a los $20 mil millones, al parecer deberá esperar para ser saneada. Según conoció este medio, “Transcaribe está más afanado en reemplazar al recaudador que en resolver lo estructural”.
Esta información fue respaldada con una denuncia pública que realizó el consorcio a cargo del recaudo en medio de las mesas de trabajo con el ente gestor.
“Colcard denuncia la mala fe contractual con que actúa Transcaribe al pretender, presuntamente, contratar a Supergiros de manera fraudulenta”, puntualizó.
La posible parálisis del sistema llevó a un grupo de líderes y trabajadores a convocar a un plantón para el próximo sábado 27 de marzo, a las 4 de la tarde, en la Torre del Reloj, bajo la consigna “El naranja se mueve”, con el fin de que se tomen las medidas necesarias. (Lea aquí: Líderes y trabajadores harán plantón para exigir “salvación” de Transcaribe)
La situación de Transcaribe ha merecido la opinión de muchos sectores y actores de la ciudad. Según manifestó la personera Distrital, Carmen De Caro, las autoridades deben tomar acciones en las estaciones de Transcaribe para mantener un control tanto de las personas, como de las medidas de bioseguridad. Además, presentó un oficio al alcalde dé Cartagena para que se respete el derecho a la libre movilidad de los cartageneros, donde debe informar, en un plazo no mayor a 5 días, las acciones que se van tomar.
“Estamos en una época de pandemia, debemos tener un aislamiento, los buses venían trabajando con una silla al lado donde no te podías sentar y si tú colocas todo gratis no hay quien controle la entrada a estos buses, por consiguiente nos espera un pico y ahora no vaya a ser que por andar de populistas, damos entrada a todo el mundo sin importar las consecuencias de las decisiones y que el pico se nos eleve y no tengamos camas UCI”, manifestó.
La personera también cuestionó la gestión que tiene al sistema bajo esas condiciones.
“La crisis viene desde que yo me posesioné y tuve reuniones con el secretario de Hacienda y le preguntaba por qué no entregaba el dinero que debía dar el Distrito, y este me contestaba que no lo hacían porque los que estaban administrando los dineros eran unos malandrines”, puntualizó.
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