La investigación por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue ampliándose en la Corte Suprema de Justicia. Tras la entrega de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique para cumplir una medida de aseguramiento, el alto tribunal avanza en nuevas actuaciones judiciales que involucran a otros aforados.
De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, la Sala Especial de Instrucción compulsará copias para investigar al congresista Jhon Fredy Núñez Ramos, quien ocupa una curul de paz por el departamento de Caquetá. La decisión surge por su presunta participación en un esquema que habría intercambiado votos favorables al Gobierno por contratos y cargos dentro de la administración pública.
El magistrado ponente Misael Rodríguez adoptó la determinación con base en elementos probatorios entregados por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. La exfuncionaria negoció inmunidad total con la justicia y declaró dentro del proceso que investiga las irregularidades en la UNGRD. Lea: Caso Ungrd: Corte Suprema envía a la cárcel a Wadith Manzur y a Karen Manrique
En su testimonio, Benavides aseguró que el congresista hacía parte de la propuesta inicial de beneficiarios de una “promesa remuneratoria”.
¿Por qué la Corte Suprema investigará a Jhon Fredy Núñez?
Según el expediente judicial, la exasesora explicó que el representante integraba un listado de posibles beneficiarios dentro de un acuerdo que comprometía sus funciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En su declaración, Benavides indicó que el parlamentario ejerció presión para impulsar proyectos de su interés.
El proceso señala que la exfuncionaria puso a consideración de su entonces jefe, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, la viabilidad de diez proyectos que el legislador exigía tramitar. De acuerdo con los documentos del caso, esas solicitudes se habrían realizado dentro de las gestiones que rodeaban el esquema investigado.
La Corte Suprema también dejó constancia de que, en enero de 2024, el exministro Bonilla sostuvo un encuentro con Núñez para tratar las exigencias contractuales relacionadas con estos proyectos. Los investigadores hallaron en el teléfono de Benavides registros de conversaciones que respaldarían el interés del congresista.
El expediente señala que en ese dispositivo los investigadores encontraron “múltiples interacciones” por WhatsApp que harían referencia a las gestiones relacionadas con el caso. A partir de ese material, el alto tribunal ordenó establecer si el representante incurrió en conductas de carácter penal.
La compulsa de copias también permitió a los magistrados documentar nuevas situaciones relacionadas con otros congresistas ya vinculados a la investigación. En particular, el proceso menciona a Wadith Manzur y Karen Manrique por supuestas gestiones paralelas dirigidas a asegurar procesos contractuales a través de la UNGRD.
Las actuaciones judiciales señalan que Manzur habría mostrado interés en proyectos relacionados con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. En el caso de Manrique, la investigación menciona obras de control de inundaciones sobre el río Bojabá, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
Estas revelaciones coincidieron con la presentación de ambos legisladores ante las autoridades para atender el proceso en su contra. Wadith Manzur se entregó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá ante agentes del CTI, mientras que Karen Manrique acudió a la estación de Policía del municipio de Tame, en Arauca, donde se presentó ante investigadores de la Sijín.
Ambos congresistas deben responder ante la justicia por el delito de cohecho impropio dentro del proceso que investiga las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.