Desde agosto de 2026, Colombia cuenta con la Ley 2628 de 2026, un nuevo marco legal orientado a fortalecer la atención, el acompañamiento y la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo.
La norma incorpora responsabilidades para diferentes entidades estatales y plantea medidas relacionadas con el acceso a servicios de salud, educación, empleo y participación social. La Universidad de La Sabana participó en la construcción de la iniciativa mediante aportes académicos y científicos al proceso de formulación.
Uno de los principales componentes será una Política Pública de Atención, Acompañamiento y Protección de las personas con TEA. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la promulgación de la ley, para desarrollarla.
La elaboración de esta política deberá incluir a familias, cuidadores, organizaciones sociales, ligas con incidencia en el TEA y representantes de la academia. Además, deberá considerar estudios realizados por entidades públicas y privadas y reconocer las características y necesidades de estas poblaciones.
“La aprobación de esta ley representa un avance histórico para Colombia”, afirmó Martha Rocío González, decana de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana. Según la académica, el país tendrá por primera vez un marco legal nacional que reconoce necesidades específicas de las personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo y orienta la actuación estatal hacia una atención integral basada en derechos. Lea: Infartos en jóvenes: hábitos silenciosos que están dañando tu corazón sin que lo notes
La ley también contempla la creación de un Comité Nacional de Inclusión, encargado de evaluar el cumplimiento de sus disposiciones y formular medidas, políticas y programas. El organismo deberá articularse con el Sistema Nacional de Discapacidad y presentar un informe anual sobre los avances.
¿Qué medidas contempla la nueva ley sobre salud, educación y empleo?
En el sector salud, la Ley 2628 establece la actualización del protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños, niñas y adolescentes con TEA. También contempla atención mediante equipos interdisciplinarios, información suficiente para familias y cuidadores y una guía de atención integral durante el curso de vida.
Otro de los mecanismos previstos es una Ruta de Atención Médica clara y pública para facilitar el acceso a los servicios. En su elaboración deberán intervenir las personas atendidas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil.
En educación, la norma plantea una ruta destinada a fortalecer las condiciones de atención educativa y contempla programas de capacitación y sensibilización dirigidos a docentes. El propósito establecido es reforzar las condiciones necesarias para la inclusión escolar.
En materia laboral, el Ministerio del Trabajo y el SENA deberán impulsar una oferta específica para facilitar el acceso al empleo de esta población, tanto en el sector público como en el privado. La ley también contempla estrategias para incentivar la contratación y permanencia laboral. Lea también: Inyecciones para adelgazar: la alerta por los productos que venden en redes sociales
La directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de La Sabana, Leidy Evelyn Díaz Posada, señaló que la norma también supone un avance en el reconocimiento de las condiciones del neurodesarrollo. En particular, destacó que el TEA no debe ser considerado, por sí mismo, como una discapacidad psicosocial o intelectual, aunque estas condiciones pueden presentarse conjuntamente en algunos casos.
La experta agregó que las personas con TDAH tampoco contaban con una protección específica mediante una ley nacional y que el nuevo marco “permitirá implementar acciones afirmativas en favor de su desarrollo integral, bienestar, participación plena y progreso en todos los entornos”.
La Ley 2628 incluye además medidas dirigidas a familias y cuidadores, campañas nacionales de sensibilización y acciones para fortalecer las organizaciones que los representan. El texto pone especial atención en los cuidadores, su cuidado y el fortalecimiento de su papel dentro de las redes de apoyo.
Díaz Posada también planteó la conveniencia de avanzar hacia una política de Estado que abarque a los distintos grupos poblacionales priorizados en los procesos de inclusión, en lugar de desarrollar una legislación independiente para cada colectivo. A su juicio, una ley constituye un punto de partida para reconocer a las poblaciones y avanzar en la garantía efectiva de sus derechos.
La asesoría técnica y científica para la formulación del proyecto estuvo liderada por Díaz Posada, profesora y directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la Universidad de La Sabana y del macroproyecto de proyección social AIDUA1, junto con Daniela Moncayo Ramírez, investigadora, estudiante de esa maestría y coordinadora general de AIDUA.
