La reforma pensional aprobada por el Congreso en 2024 continúa pendiente de decisiones de fondo por parte de la Corte Constitucional. Aunque el alto tribunal ordenó a la Cámara de Representantes subsanar algunos vicios de trámite relacionados con proposiciones que no fueron discutidas durante el último debate, todavía debe resolver varias demandas contra la iniciativa.
La entrada en vigencia general del nuevo sistema está prevista para el primero de abril de 2027, según lo dispuesto por la Corte. Sin embargo, algunos aspectos de la reforma ya han comenzado a implementarse, mientras persisten interrogantes sobre el alcance de las decisiones judiciales y el futuro de la ley.
Uno de los congresistas que ha seguido de cerca este proceso es Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U. Esta semana tuvo a su cargo explicar ante la plenaria el procedimiento para corregir los vicios de trámite señalados por la Corte.
En entrevista, Salcedo habló sobre las proposiciones que debieron revisarse, los puntos de la reforma que considera cuestionables, las decisiones que todavía están pendientes y la contrarreforma pensional presentada por el Centro Democrático.
¿Cómo quedó la reforma pensional aprobada en 2024?
Lo primero que tengo que decir es que acatamos un fallo de la Corte Constitucional que devolvió la reforma para subsanar vicios de trámite. Es la segunda vez que lo hace. No comparto esa providencia, tengo que advertirlo, aunque me hayan dado la razón en cinco artículos de los que tuvimos que discutir estos días.
¿Por qué fue necesaria esa segunda revisión en la Cámara?
La Corte devolvió inicialmente la reforma después del pupitrazo que le habían dado en el último debate. Ese procedimiento no permitió discutir a partir del artículo 6; ni siquiera dejaron sustentar las proposiciones ni debatirlas.
La Corte ordenó a la mesa directiva de la Cámara discutir esas proposiciones, pero la mesa directiva le “mamó gallo” y solamente discutió la proposición de adoptar nuevamente el texto del Senado. En esta nueva revisión, la Corte consideró que hubo congresistas que no pudieron defender suficientemente sus proposiciones.
¿Qué buscaban modificar esas proposiciones que no se discutieron en su momento?
Por ejemplo, estaba lo relacionado con el bono para las mujeres de 150 semanas. La Corte ya se ha pronunciado y ha señalado que el número de semanas debía ser de 1.000, pero la plenaria insistió en que debían quedar en 850.
Lo que tengo que advertir es que nosotros siempre hemos hablado de un sistema pensional equilibrado.
También terminó votándose un régimen especial para las comunidades negras, raizales e indígenas. Yo pregunto: ¿dónde está el aval fiscal para eso? El costo es importante, porque el mismo Ministerio de Hacienda envió un concepto en el que señaló que ese impacto sería del 3,5 % del PIB. Es decir, reducir las semanas de cotización de las mujeres a 850 tendría ese impacto. Y ni hablar de los regímenes especiales, que están prohibidos.
¿Qué está prohibido entonces por la Corte Constitucional?
Esperemos que revise esa decisión sobre las diez proposiciones y, sobre todo, ese texto de las condiciones especiales. A mí me parece que no es constitucional entregar hoy regímenes especiales.
Además de lo relacionado con las semanas de las mujeres, ¿a qué sectores beneficia la reforma?
A lo que hemos hablado: el régimen especial para comunidades indígenas, afro, palenqueras y otros sectores étnicos.
¿La ley entra en vigencia completa en abril del próximo año?
Sí, pero eso es lo que no termino de entender: cómo es que la ley entra en vigencia el primero de abril de 2027, según la Corte Constitucional, pero todavía no ha fallado las demandas de fondo que existen. Solamente ha estudiado las de forma.
¿Considera que la reforma pensional quedó bien estructurada?
Vamos a pasar de un régimen de prima media a un sistema de pilares. Me parece que el gran déficit de esa reforma es que, si usted ha cotizado parcialmente y no ha logrado una pensión, el Estado le va a determinar cuánto le paga mensualmente y usted no tendrá la posibilidad de reclamar su bono, como ocurre actualmente.
Además, si usted llega a fallecer antes de que le giren todos los recursos de sus ahorros, esos recursos, en el régimen semicontributivo, pasarán a un fondo solidario. A mí me parece que la plata es del ahorro suyo y que sus herederos son los que lógicamente deberían recibirla, no que el Estado le diga qué hacer con esos recursos.
Esa fue una de las discusiones que perdimos en el debate.
También considero que la reforma no busca solucionar la gran tragedia nacional: que el 54 % de la fuerza laboral esté en la informalidad y no haga parte del sistema de seguridad social. En lugar de pensar solamente en aumentar los subsidios, lo que tenemos que hacer es incrementar el número de personas que cotizan al sistema para que mañana puedan pensionarse dignamente.
¿Cómo ve la contrarreforma pensional presentada por el Centro Democrático?
Creo que precisamente la contrarreforma que acaba de presentar el Centro Democrático le devuelve a la gente la posibilidad de escoger si quiere estar en un fondo privado o en uno público. Me parece que eso es lo más lógico dentro de un sistema.
Eso estaría entre los puntos que está revisando la Corte, me imagino, en el Gobierno.
También tiene aspectos importantes, como el régimen semicontributivo y devolverles a las personas la posibilidad de reclamar el bono pensional correspondiente a los ahorros que han acumulado durante su vida y con los que no alcanzaron a obtener una pensión.
