Reconozco un mérito innegable en la gestión distrital actual. Cartagena necesitaba volver a sentir que su administración tenía un proyecto de ciudad. Los esfuerzos evidentes del alcalde Dumek Turbay Paz por impulsar el crecimiento, ejecutar obras físicas y sociales, transformar la infraestructura educativa y recuperar parques, zonas verdes y amoblamiento urbano son señales claras de una urbe que busca saldar cuentas con el abandono y recuperar el tiempo perdido.
Sin embargo, es precisamente desde el reconocimiento de estos avances que considero indispensable expresar públicamente mi profunda preocupación frente a una decisión que podría comprometer la estabilidad futura de Cartagena de Indias: la intención de crear empresas públicas 100% municipales para asumir la gestión directa de los servicios públicos, particularmente el acueducto. Frente a esta propuesta, me opongo con absoluta claridad, responsabilidad ciudadana y rigor técnico.
Nuestra historia debe llamarnos a la prudencia. La creación de una entidad pública no es sinónimo automático de eficiencia, transparencia o buen servicio. En el debate nacional se cita con frecuencia el modelo de EPM en Medellín como el gran referente de éxito, pero olvidar que su fortaleza obedece a una cultura empresarial e institucional acumulada durante décadas es un grave error de diagnóstico.
Lecciones que deja el incidente de Times Square
Christian Ayola¿Garantiza Cartagena contar con ese mismo blindaje técnico de manera permanente? Convertir los servicios básicos de la ciudadanía en un experimento condicionado a los vaivenes políticos de cada cuatro años es un riesgo incalculable que la ciudad no debe correr.
Los servicios públicos requieren inversiones de gran escala, estabilidad administrativa, solvencia financiera y visión de largo plazo. La ruta lógica para la ciudad no es desmontar la estructura existente para levantar una pesada burocracia municipal, sino fortalecer, auditar y exigir a lo que ya está operando. El Distrito cuenta con herramientas legales y representación suficiente dentro de la Junta Directiva de Aguas de Cartagena para exigir mayor cobertura, obras de infraestructura, tarifas justificadas y excelencia operativa.
Resulta preocupante, además, el silencio pasivo de la clase dirigente, la academia, los gremios y el sector productivo frente a una transformación de esta magnitud. Como advertía ‘el Tuerto’ López frente a nuestra idiosincrasia, no podemos caer en la inercia de lamentar las decisiones equivocadas cuando el perjuicio sea irreparable. Al alcalde Turbay le corresponde escuchar la crítica constructiva antes de adoptar una medida estructural que afectará a varias generaciones. Cartagena merece avanzar, pero debe hacerlo con absoluta firmeza y decisiones técnicamente sostenibles.