Durante años preferí no poco sobre el derecho a portar armas para la legítima defensa; no porque desconociera la evidente inseguridad, sino porque el tema quedó atrapado en una narrativa estigmatizante. Bastaba que un ganadero hablara de seguridad para que algunos sectores lo asociaran con el paramilitarismo, mientras miles de productores sufrían asesinato, secuestro, extorsión y desplazamiento.
Esa realidad motivó a María Fernanda Cabal a crear la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), cuyo Informe para ‘Acabar con el olvido’ hizo visible a más de 10.000 víctimas ganaderas de los grupos armados y también demostró que no todas eran iguales ante la ley.
Hace 20 años advertí que, tras la desmovilización de las autodefensas, muchas regiones quedarían expuestas si el Estado no ocupaba los espacios abandonados..., y quedaron expuestas. Hace 10 señalé que ocurriría lo mismo con la desmovilización de las Farc..., y ocurrió: una violencia reemplazó a otra y las Farc dejaron instaladas sus disidencias.
El productor rural vive en el campo y no puede irse porque la institucionalidad llegue tarde o nunca llegue. El ganadero habita su finca, recorre vías terciarias y trabaja lejos de una estación de Policía. Esa realidad no desaparece por decreto.
Por eso, la decisión de levantar la suspensión del porte legal de armas es valerosa y merece respaldo, pues responde a una inseguridad desbordada y restituye un derecho conculcado desde cuando las Farc le dictaban al Gobierno lo que debía hacer. La medida no autoriza el porte indiscriminado ni promueve el armamentismo. Al contrario, los permisos tendrán requisitos, controles y estrictas responsabilidades legales.
Es un paso correcto, pues vivíamos en un mundo al revés: mientras al ciudadano cumplidor de la ley se le obligó a guardar su arma cuando Santos prohibió el porte; los bandidos, que no piden permiso, recorren calles y carreteras con fusiles y armas automáticas.
El monopolio estatal de la fuerza es esencial, pero no puede confundirse con la indefensión obligatoria. Ningún Estado garantiza protección permanente a cada persona, menos en extensos territorios rurales. Por eso el discurso ganadero ha reclamado presencia institucional, respaldo a la Fuerza Pública y seguridad como derecho fundamental y deber del Estado, para proteger al ciudadano y ejercer control territorial.
Mientras esa presencia se consolida, no es razonable quitarle al ciudadano “el derecho a no quedar indefenso” frente a quienes actúan fuera de la ley. Los ganaderos valoramos esta decisión y sabremos honrarla con responsabilidad y dentro del ordenamiento jurídico.
Una democracia debe desarmar a los criminales, no condenar a la indefensión a sus ciudadanos.