La moción de censura adelantada contra el ministro de Defensa es un nuevo episodio de un viejo libreto con el que se busca atar de manos a las FF.MM.
Con una interpretación errada del DIH, se convertirían los campamentos narcoterroristas en santuarios infranqueables. Hay que decirlo con claridad: la responsabilidad jurídica, moral y política de la muerte o lesiones de menores de edad en un bombardeo legítimo recae de manera exclusiva en los criminales que los reclutan. El reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra atroz, y utilizarlos como escudos humanos es una flagrante infracción al DIH cometida por los bandidos, no por las tropas de la República. Pretender que el Estado suspenda el uso legítimo de la Fuerza Aérea cada vez que los cabecillas meten menores a sus guaridas es otorgarles una patente de corso.
Los campamentos de los violentos son objetivos militares por su naturaleza. Su destrucción ofrece una ventaja militar definida. Respecto de las personas, la norma consagra la prohibición de reclutar menores de 15 años y trata a los mayores de esa edad como adultos. También establece que todo civil y todo menor de 15 años goza de inmunidad contra ataques directos, salvo si participa directamente en las hostilidades.
Aquí radica el argumento central que desmonta el libreto con que se pretendía censurar al Ministro: la falsa premisa de que no se puede bombardear un objetivo si se constata la presencia de civiles o de menores reclutados. De acuerdo con el Artículo 13.3 del Protocolo Adicional II, los civiles -independientemente de su edad- pierden temporalmente esa protección general y se convierten en blancos legítimos cuando cumplen una función militar dentro de la estructura criminal. Por ende, cuando un menor ha tomado las armas, no cuenta jurídicamente como un civil ajeno al conflicto. Sostener la tesis de que la sola presencia de un menor en un campamento anula la legitimidad de un bombardeo es ignorar el DIH y, peor, incentiva perversamente a reclutar más niños para usarlos como escudos humanos.
Aunque celebro que se haya levantado la absurda suspensión general de los ataques aéreos, preocupa la imposición de un “estándar reforzado de precaución”. Al ordenar juicios de proporcionalidad hipergarantistas basados en la sola sospecha de presencia de menores, el activismo judicial termina asfixiando la operatividad e, incentivado el reclutamiento de menores.
Cada vez que la Justicia interfiere en la planeación militar, termina jugando a favor de los victimarios y desamparando a los millones de colombianos que claman por orden y seguridad. Permitir que prospere la narrativa falaz sobre el DIH desarmaría moralmente a la nación. La compasión debe estar con las víctimas, con la Fuerza Pública que arriesga su vida y con los menores reclutados forzosamente, jamás con las estructuras mafiosas que usan la infancia de escudo para proteger su negocio de coca y terror. El Estado no se puede paralizar ante el chantaje “humanitario” de la ilegalidad.