Colombia dio un paso importante con la Ley 1581 de 2012. Reconoció que los datos personales están ligados a derechos fundamentales; pero hoy el entorno digital propone retos más altos: inteligencia artificial, biometría, nube y decisiones automatizadas han multiplicado el valor de los datos y sus riesgos.
Europa, por ejemplo, entendió que proteger datos no podía limitarse a pedir autorizaciones. El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) consolidó principios como minimización, responsabilidad demostrada, protección desde el diseño y, por defecto, evaluación de riesgos y mayor control para el titular. Por su parte, América Latina también va avanzando en esa dirección. Brasil incorporó en sus leyes principios de necesidad y prevención, además de portabilidad y revisión de decisiones automatizadas. Ecuador reconoce portabilidad, oposición y limitación del tratamiento. Uruguay fortaleció su marco con evaluaciones de impacto y privacidad desde el diseño. Y no es una coincidencia. Estos marcos han incorporado principios inspirados en el GDPR.
En Colombia tampoco es que estemos en ceros. La Ley 1581 y sus decretos establecen obligaciones exigibles, y la SIC cuenta con facultades de vigilancia y sanción. Ha expedido además lineamientos sobre datos en sistemas de inteligencia artificial; pero esos lineamientos interpretan deberes existentes que no equivalen a una actualización integral de la ley, ni a un nuevo estatuto de IA.
La actualización debe avanzar hacia un modelo de riesgo: más derechos efectivos; evaluaciones de impacto para tratamientos de alto riesgo; reglas claras sobre perfilamiento y decisiones automatizadas; privacidad desde el diseño y por defecto; y mejor gestión de incidentes. Sin embargo, protegernos de los riesgos no puede significar frenar la innovación. El reto es crear reglas que permitan innovar con confianza, seguridad jurídica y respeto por los derechos.
Hay otra brecha crítica: la de capacidades. Ninguna ley será suficiente si quienes deben aplicarla o cumplirla no comprenden los riesgos del uso de datos y la ciberseguridad. Necesitamos funcionarios capaces de evaluar tecnologías; empresarios que entiendan estos temas como asuntos de gobierno corporativo; desarrolladores que incorporen seguridad y privacidad desde el diseño; jueces capaces de interpretar tecnologías complejas; y ciudadanos que conozcan y ejerzan sus derechos. Colombia necesita una estrategia nacional de formación, articulada entre Estado, universidades y sector productivo, con capacidades especializadas y alfabetización digital. Sin talento y conocimiento, la modernización normativa puede quedarse en el papel.
Un país que aspire a competir en la economía digital no puede escoger entre innovación y derechos. Debe construir confianza para tener ambas. Actualizar nuestro marco es crear condiciones para una transformación digital sostenible, segura y legítima.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.