Da grima pensar que lo que comenzó como una supuesta cruzada por la soberanía nacional y la transparencia en la expedición de pasaportes, pudiera ser otro escándalo escabroso del alto Gobierno.
Bajo la premisa de eliminar el monopolio de Thomas Greg & Sons, que operó durante 17 años la producción de los pasaportes, el Ejecutivo sumergió al país en lo que hoy se presenta como un cúmulo de improvisación y movidas lóbregas que suponen un riesgo inminente de desabastecimiento, que medios capitalinos han documentado con rigor.
La narrativa oficial de que la Imprenta Nacional asumiría la producción con el apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal pudiera ser una cortina de humo. Según investigaciones de Semana y reportes de la Procuraduría, la Imprenta no tiene la capacidad técnica necesaria y actúa apenas como un tramitador. La verdadera sorpresa, revelada por la revista Cambio, es la aparición de un tercer actor, el grupo francés IN Groupe.
Esta firma no solo estaría produciendo el 90% de las libretas en Francia, sino que, presuntamente, arrastraría un oscuro historial. Como se reportó en su momento, IN Groupe ha estado bajo la lupa en Europa por escándalos de corrupción y lavado de activos, incluyendo un caso en Ucrania donde el Estado terminó pagando el triple por sus documentos.
Ante semejantes antecedes la Cancillería está obligada a explicar si el modelo de transparencia que prometió el Gobierno al descalificar a una empresa nacional, resulta ser o no una estrategia de eliminación de un competidor privado para favorecer a otro, pero extranjero.
El asunto es peliagudo si se tiene en cuenta que el costo de esta maniobra es astronómico. Mientras el contrato con Thomas Greg rondaba los 600 mil millones de pesos, el nuevo esquema bajo el convenio internacional ascendería a $1,3 billones. Si esto fuera cierto, habría un sobrecosto del 116%, a lo que se suma el caos operativo por la salida de tres cancilleres y múltiples suspensiones, para un trámite que antes era eficiente.
La advertencia de la Procuraduría sobre la nulidad absoluta de este modelo y el riesgo de un detrimento patrimonial tendrían que importarle a la Casa de Nariño. Mientras el presidente acusaba de corrupción a quienes defendían el proceso anterior, su administración ha entregado un documento de alta sensibilidad a extranjeros cuestionados, mediante contratos directos y sin licitación.
Hoy, la nación se enfrenta a un escenario de demandas millonarias y a la pérdida de autonomía sobre sus propios datos. Es imperativo que los organismos de control actúen con celeridad.
El caso de los pasaportes no es solo una falla administrativa; también es síntoma de un método por el que, en el afán por cambiar lo que funcionaba, ha terminado creando un ecosistema de vaguedad donde nadie responde y el ciudadano es quien pierde.