A propósito del reciente artículo de Maria Claudia Peñas, gerente de la Andi Seccional Bolívar, en el que se refiere a la inequidad del Estatuto de Puertos (Ley 1 de 1991), el cual centraliza el 80% de la contraprestación portuaria en la Nación, dejando solo un 20% para el municipio anfitrión, la autora destaca la contradicción de que Cartagena sea la zona portuaria más activa del país, movilizando más de 50 millones de toneladas y aportando millonarias sumas, mientras que la inversión centralizada por el INVIAS no devuelve ni un peso de ese recaudo a la infraestructura de la ciudad.
Compartimos plenamente con Maria Claudia Peñas su visión sobre este desequilibrio. De hecho, como lo hemos sostenido en anteriores editoriales, la estructura fiscal de Colombia ha operado históricamente bajo un modelo de “embudo”, en donde las regiones generan la riqueza a través de su actividad productiva, pero es el poder central en Bogotá el que decide, bajo criterios a menudo partidistas y burocráticos, cómo y dónde se invierte ese dinero. Esta desequilibrada distribución de los recaudos es una grieta profunda que perpetúa la desigualdad, asfixia el potencial de las provincias y debilita los cimientos de la democracia descentralizada.
La centralización de los recursos genera una dependencia administrativa paralizante. Mientras la Colombia profunda padece por falta de infraestructura básica, salud y educación, debe someterse a una burocracia centralizada que desconoce las realidades territoriales. Este fenómeno alimenta un círculo vicioso de clientelismo. Las regiones se ven obligadas a alinearse políticamente con el Gobierno de turno para asegurar partidas presupuestales, anulando la soberanía local consagrada en la Constitución de 1991.
La regionalización efectiva no es un capricho regionalista, sino una necesidad para la eficiencia del Estado. Requiere autonomía fiscal real, donde los territorios tengan mayor capacidad de decidir sobre los impuestos que generan, y un respeto absoluto por la independencia de poderes.
Colombia no puede seguir siendo un país de regiones productivas con administraciones mendicantes. Como advierte Maria Claudia Peñas, la estabilidad democrática depende de instituciones fuertes y del respeto a los recursos de los trabajadores. La regionalización es el único camino para una nación justa, equitativa y verdaderamente democrática.
Ante este escenario, Peñas hace un llamado urgente a la bancada de Bolívar y al próximo Gobierno para reformar la ley con un enfoque territorial, argumentando que una ciudad sin autonomía sobre los activos que la definen no es verdaderamente autónoma, y propone una alianza con departamentos como Atlántico y Valle del Cauca para corregir este desequilibrio que asfixia el desarrollo local. ¡Nos unimos a ese pedido!