El panorama laboral del país durante este año muestra una contradicción inquietante en tanto que, mientras el discurso oficial celebra conquistas sociales, los datos económicos revelan un mercado atrapado entre el posible maquillaje estadístico y los efectos nocivos del populismo económico.
La expresión de una empleada del hogar cuando se reveló el incremento del salario mínimo para 2026, “más plata para comprar menos”, resume el diagnóstico más preciso de una crisis que la retórica gubernamental no logra ocultar.
El extraordinario incremento del 23% en el salario mínimo anunciado con bombos electorales a finales de 2025, prometía proteger el bolsillo ciudadano; sin embargo, los análisis de centros de estudio como ANIF demuestran un efecto adverso, puesto que el aumento no mejoró la distribución salarial, sino que comprimió los ingresos.
Las empresas, incapaces de trasladar este ajuste proporcionalmente al resto de sus escalas, congelaron los salarios superiores. Como resultado, 300 mil trabajadores formales cuyos ingresos superaban el piso legal fueron absorbidos por este, estancando la movilidad ascendente y destruyendo los incentivos para acumular capital humano y formación calificada. La oferta de empleo formal se precariza, concentrando las vacantes casi exclusivamente en torno al mínimo en sectores claves como el comercio y la industria.
Mientras el DANE reporta un optimista crecimiento con la supuesta creación de 814 mil empleos, investigaciones de la Universidad de Antioquia basadas en la planilla PILA (UGPP) muestran que el empleo formal cayó 1,35%, lo que significa la pérdida real de 170 mil puestos de trabajo. Esta enorme discrepancia estadística alimenta las sospechas de una manipulación técnica orientada a disimular el fracaso de las políticas vigentes.
A esto se suma el bloqueo al empleo juvenil provocado por la reforma laboral de 2025, pues al encarecer el contrato de aprendizaje por encima del costo de la sanción económica, el marco normativo provocó que más de ocho mil empresas prefirieran pagar la multa al Sena antes que vincular jóvenes.
Finalmente, el eslabón más débil, la informalidad, sufre el golpe más severo. Lejos de incluir a los más vulnerables, el alza decretada más allá del máximo que pedían las centrales obreras, ensanchó la brecha social. Al elevar el umbral legal a niveles que el mercado no puede absorber, el número de informales que ganan menos de un mínimo se disparó de forma dramática, hundiendo a un millón de personas en los niveles de ingresos más bajos del rebusque.
La economía en lo que va de este año demuestra que las medidas impulsadas por el altruismo ideológico, desconectadas de la productividad y la inflación real, devienen en el deterioro del empleo, la asfixia del sector privado y la condena de los trabajadores a una precarización cada vez más profunda.