El debate económico en el país ha dado un giro hacia el pragmatismo, tras las revelaciones presentadas en la reciente Convención Bancaria en la ciudad. Quedó aclarado que la radicación de un Presupuesto General de la Nación para 2027, elevando a $635 billones frente a $575 billones formulado por la pasada administración, no representa un incremento antojadizo del gasto público; por el contrario, constituye el urgente ejercicio de transparentar la realidad de las finanzas nacionales.
El país empieza a dimensionar el verdadero impacto de una gestión previa que, amparada en un manejo desordenado y en promesas populistas, dejó un déficit fiscal del 7,8% del PIB -el segundo más alto del planeta- y una deuda pública que ya bordea el 60% del PIB, configurando un escenario comparable al impacto económico de una pandemia.
Las cifras detalladas por el equipo dirigido por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, exponen una omisión sistemática de compromisos estatales indispensables. El proyecto presupuestal anterior no solo dejó sin rubro claro cerca de $80 billones; también omitió obligaciones críticas en salud, pensiones, salarios del sector público, educación superior y, de manera desproporcionada, el costo real de los intereses de la deuda pública, subestimados en $37,4 billones.
A ese cuadro de asfixia fiscal se le suma la imperiosa responsabilidad de atender la reconstrucción de cientos de municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto, cuyas tareas demandarán entre $30 y $40 billones adicionales. El servicio de la deuda absorberá la astronómica cifra de $104,7 billones (4,9% del PIB), superando por primera vez lo que el Estado colombiano invierte en su propio desarrollo.
Frente al riesgo inminente de que la deuda pública entre en una senda explosiva y alcance el 82% del PIB para el año 2030, la actual administración plantea un viraje severo, pero totalmente indispensable. El denominado ‘presupuesto de la verdad’ no es una opción ideológica, sino un imperativo técnico. La estrategia presentada contempla la contención inmediata del gasto público, un primer recorte de $21,9 billones para la presente vigencia y la presentación prioritaria ante el Congreso de una ‘Ley de Rescate Económico’.
Sincerar las cuentas públicas es el primer paso, ineludible, para evitar la insolvencia del Estado y garantizar la estabilidad macroeconómica. La responsabilidad recae ahora en el Congreso de la República, que debe tramitar con visión de país la Ley de Rescate y respaldar las reformas estructurales necesarias para detener la sangría del erario. Colombia enfrenta un periodo de disciplina y austeridad sin margen para maniobras dilatorias; la hora de pagar la factura nos llegó y ya no caben atajos para eludir el compromiso de poner la casa en orden.