Política


La Contraloría Distrital de Cartagena en medio de varios frentes polémicos

En Cartagena, en el terreno controversial de la política, una veeduría ciudadana denuncia un carrusel de procesos engavetados en la Contraloría.

OMAR CARRASQUILLA LEÓN

13 de septiembre de 2021 05:10 PM

La arena política de la ciudad se agitó con los embargos de la Contraloría Distrital a las cuentas bancarias de 44 funcionarios y exservidores de la Alcaldía Mayor de Cartagena. La medida cautelar, ante una investigación por supuestos pagos indebidos en gastos de representación por $1.100 millones, desató un nuevo asalto en la reyerta política entre William Dau y el contralor Freddys Quintero Morales.

(Lea: Controversia por embargos a William Dau y a funcionarios del Distrito)

Mientras el embargo sigue su curso legal, el alcalde se ha despachado lanza en ristre contra el contralor y su capital humano acusándolos de persecución política y de actuar bajo ocultas intencionalidades. Las denuncias serán el tema principal de una transmisión en vivo, en la noche del lunes 13 de septiembre, en la que el alcalde dará las minucias de sus sindicaciones contra Quintero.

Esta tarde, la controversia se alimentó con las denuncias de la veeduría Control Visible, que dirige el abogado Neil Fortich, quien en ejercicio de control ciudadano, denunció que hay un gran número de procesos engavetados por cobro coactivo, y otros por responsabilidad fiscal, que no evolucionan. Muchos de estos provenientes desde el 2017 sobre funcionarios de alcaldías como la de Manolo Duque, Sergio Londoño, Antonio Quinto Guerra, Yolanda Wong y Pedrito Pereira.

Lo que llama la atención, para Fortich, es la eficacia y efectividad demostrada en el embargo al gobierno Dau, que contrasta con el letargo de los procesos de cobro coactivo y responsabilidad fiscal mencionados de administraciones pasadas.

El abogado Fortich descubrió esta situación al solicitar a la Contraloría Distrital la relación de personas naturales y jurídicas sancionadas mediante procesos de responsabilidad fiscal y los deudores que se encuentran en cobro coactivo hasta la fecha; debiéndose informar número de radicado del proceso, fecha de la sanción, monto de la sanción, nombres del sancionado, nombre de la entidad sancionada y fecha de la última actuación y gestión de cobro.

“El tres de agosto mediante Oficio JCN N° 063, la Coordinadora de Control Fiscal Participativo de la Contraloría Distrital de Cartagena, me expide relación de 21 personas sancionadas fiscalmente con multas ínfimas, donde el mayor valor de la multa es de $5.958.552 y el menor es de sólo $329.533, lo que curiosamente nos permite inferir que los detrimentos fiscales causados por todos estos funcionarios fueron leves y de poca trascendencia fiscal”, explicó Fortich.

‘Carrusel de procesos engavetados’

“De otro lado, la Contraloría me informa que a la fecha se encuentran activos 54 procesos de cobro coactivo activos que en total suman la escandalosa suma de $117.970.638.947 Siento diecisiete mil novecientos setenta millones, seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos. Pero lo más grave aún es que la mayoría de procesos se encuentran engavetados, ya que, por ejemplo, encontramos procesos donde la última gestión de cobro fue en el año 2017, 2018, 2019, lo que nos permite denunciar un gran carrusel de procesos de cobro coactivo engavetados”

“No entendemos como la Contraloría Distrital que dirige el señor Freddys Quintero es eficiente, eficaz y contundente embargando las cuentas de varios servidores públicos de la actual administración, mientras que es lenta y negligente para embargar y cobrar las deudas fiscales a funcionarios de administraciones anteriores. Nos parece bien que se imparta con celeridad la justicia fiscal”.

El llamado del veedor es a la rapidez, eficiencia y eficacia en términos de igualdad, por lo que exige que se desengaveten los demás procesos y se persiga con la misma eficiencia los bienes de los demás deudores morosos.

Esta Contraloría no puede convertirse en un instrumento de persecución política, pues debe actuar con celeridad, imparcialidad, igualdad, eficiencia y eficacia en todos los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo

Neil Fortich, director de Control Visible

Acusación del alcalde William Dau

EL mandatario distrital, hoy en la mañana, en entrevista radial, señaló que el embargo es un acto de venganza, luego de que su alcaldía ni sus funcionarios cedieran ante la solicitud, irregular para él, de la Contraloría para que el Distrito le pagara el arriendo mensual de su sede en la avenida Crisanto Luque.

Versión del contralor Freddys Quintero

El contralor replicó a las acusaciones del alcalde Dau, en diferentes espacios radiales, resaltando que su solicitud de pago de arriendo tiene asidero jurídico, ya que esto representa gastos de funcionamiento para un buen control fiscal.

El contralor indicó que su entidad es parte de la estructura del distrito de Cartagena, por lo que hacen parte del presupuesto público. Saldan con recursos propios gastos de nómina, servicios, seguridad social y bienestar laboral; pero el rubro de arriendo y funcionamiento lo pagaban con recursos del Distrito, en una modalidad enmarcada en la ley 489 de 2000 que permite celebrar los convenios de fortalecimiento.

No es una obligación y actualmente no lo están pagando, desde la Alcaldía, por la falta del convenio. El contralor resaltó que es uno de los elementos del Plan de Desarrollo: el fortalecimiento del distrito.

Actualmente, el arriendo se está pagando con los recursos propios de la entidad, pero reconoció, en las entrevistas dadas, que no tienen el presupuesto para todo el funcionamiento sin el respaldo presupuestario del Distrito con las políticas de fortalecimiento.