“No han cumplido su desempeño de forma favorable para sus comunidades en el 2022”, aseveró Franklin Amador, secretario de Planeación Distrital, en la plenaria del pasado 31 de octubre en el Concejo. El funcionario se refería a la paupérrima inversión que las Alcaldías locales de la ciudad han hecho en sus comunidades. (Lea: Administración Dau contrató “a dedo” el 64% del presupuesto en 2021)
Amador aseguró que en materia de asignaciones directas a los Fondos de Desarrollo Local (FDL), para el año 2022 se le asignaron 42 mil millones de pesos a las tres Alcaldías locales. A la Localidad Histórica y del Caribe Norte (1): 14.200 millones. De los cuales solo han ejecutado $7500 millones para un 53% de ejecución. En la Localidad de la Virgen y Turística (2), se asignaron $15.900 millones, pero solo ejecutaron 780 millones. “Ni siquiera mil millones de los 15 mil. Una ejecución del 4,9% a 31 de octubre”, resaltó Amador.
“Le corresponde a Planeación el seguimiento a las inversiones del presupuesto público en el Distrito. No solo a las Secretarías, dependencias y entes descentralizados de la Alcaldía mayor, sino también a estas Localidades que no han reflejado un desempeño exitoso o favorable de los recursos que se les han encomendado. ¿Para qué quieren más recursos si en lo que va del año tienen un 70% sin ejecutar?”, expuso Amador.
El jefe de la cartera de Planeación afirmó que los recursos asignados a las Localidades de Cartagena fueron destinados para atender sus principales problemas: pobreza, inseguridad, infraestructura vial, entre otras necesidades básicas insatisfechas. (Acá se habla del tema: ¿En qué se gastan la plata?)
Para el 2023, se le asignarán a los FDL 21 mil millones de pesos para la atención de sus comunidades. $49 mil millones adicionales serían computables para la construcción de vías ($20 mil millones), red hospitalaria ($17 mil millones), infraestructura educativa ($8 mil millones) y la mitigación medioambiental ($ 3 mil millones).
¿Es un delito?
El alcalde de la Localidad 1, Luis Negrete, es el único mandatario que ha pervivido en su cargo sin polémicas, suspensiones o renuncias. Cabe recordar que el actual alcalde local 3, Andy Reales, está suspendido por tres meses mientras se investigan presuntas irregularidades contractuales; y Aroldo Coneo, alcalde designado para la Localidad 3, renunció hace pocas semanas al ganar un cargo en el Distrito en un concurso de méritos. (Lea: Con su reintegro aún fresco, vuelven a suspender al alcalde de la Localidad 2)
Tras la renuncia de Coneo, aún no se define un alcalde titular para esta localidad que ya ha tenido dos encargados: Diana Martínez Berrocal y Camilo Blanco, gerente de Espacio Público, actualmente. Dicha interinidad es criticada por muchas voces en la ciudad ante el eventual riesgo del desgobierno en esas comunidades.
“Opera por la acción u omisión de las funciones de una persona, que de una u otra manera perjudique el correcto desempeño de un determinado ente”, precisó el Departamento Administrativo de Función Pública.
Sin embargo, otro jurista sí fue más allá e indicó que la carente ejecución, en algunos casos, puede ser un delito penal de prevaricato por omisión. “Aunque no es usual que se castigue, pues normalmente no pasa de las consecuencias disciplinarias, si un funcionario no hace lo que debe hacer, en este caso con el presupuesto, y ello provoca consecuencias nefastas, este puede responder penalmente. Por ejemplo: por la omisión de no intervenir una zona de riesgo y esto repercute en inundaciones y derrumbes donde muera gente”, expuso el abogado consultado que prefirió reserva de su nombre.
El artículo 414 del Código Penal tipifica que el servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Entidades “De Todito” y capacitaciones
En un reciente estudio de Funcicar se evidenció que las Localidades de Cartagena celebraron en 2021, 245 procesos por valor de $39 mil millones. El 72% de los recursos fueron entregados por contratación directa y el 28% restante por modalidades competitivas.
En meses anteriores, Funcicar entregó un informe de observación a la contratación de las localidades por modalidades competitivas y observó poca pluralidad de oferentes, falta de especificaciones técnicas, adiciones no justificadas, requisitos limitantes, no publicación de informes de ejecución, entre otros.
Localidad 1: tuvo 65 contratos por valor de $11 mil millones; 45 fueron por contratación directa, 14 por selección abreviada, 3 mínimas cuantías, 2 concursos de mérito y 1 licitación pública. En comparación con 2020, aumentó la cuantía contratada; sin embargo la inversión sigue siendo baja con respecto al 2019.
Localidad 2: tuvo 77 contratos por valor de $14 mil millones; 51 fueron por contratación directa, 15 por selección abreviada, 8 mínimas cuantías, 2 licitaciones públicas y 1 concurso de méritos. En comparación con 2020, aumentó la cuantía contratada tanto en 2020 como en 2019.
Localidad 3: tuvo 103 contratos por valor de $13 mil millones; 78 fueron por contratación directa, 20 por selección abreviada, 4 mínimas cuantías y 1 licitación pública. En comparación con 2020 aumentó la cuantía contratada pero con respecto a 2019 es baja.
“En 2021, la Alcaldía de Cartagena expidió el decreto 0588 de junio 2 del 2021, en el que nuevamente delegó la contratación de los Fondos de Desarrollo Local a los alcaldes menores y les restringió, entre otras cosas, la contratación vía convenio de asociación con Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) sin previa autorización de la Secretaría General”, explicó Funcicar.
Tras estos cambios normativos, la veeduría identificó que las Localidades no celebraron procesos por convenios de asociación con ESAL sino que se les contrató por selección abreviada. El mayor contratista de las tres localidades fue la Fundación para el Progreso Bienestar Social y Desarrollo Sostenible (FUNPROBIDES), la cual celebró 8 contratos por valor total de $4.840 millones.
“Esta ESAL fue la única proponente en cuatro procesos y se le contrató para dar capacitaciones en emprendimiento, prevención de consumo de estupefacientes, prevención del cáncer de cérvix, campañas de seguridad vial, protección animal, entre otros”, subrayó Funcicar. Otras ESAL con cuantiosos procesos fueron Fundación GEPS y Fundación Encausa.
Por ejemplo, tras una revisión del certificado de existencia y representación legal de FUNPROBIDES, se establece en su razón social que pueden hacer un tutti frutti de cosas:
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