Al igual que lo hacen con fallos de tutelas e incidentes de desacato, algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) están burlando la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó al Estado colombiano, a fin de garantizar tratamiento médico integral, adecuado y continuado a 25 niños y niñas con enfermedades hemato-oncológicas, en la Costa Caribe. Lea aquí (Santiago perdió la lucha contra el cáncer y su EPS)
“Para que el Estado colombiano responda por la violación de los derechos de estos niños”, la fundación United for Justice (Unidos por la Justicia) desde su sede en Washington (Estados Unidos), solicitará a la CIDH que tramite este proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo aseguró Fernando Barrios Borja, vocero de la fundación.
“Las EPS han hecho caso omiso a todas las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo al Estado colombiano. El martes nos reunimos en una mesa de concertación ante la CIDH, y la Cancillería verificó que de todos los compromisos que se hicieron inicialmente, ninguno se ha cumplido”, dijo Barrios.
Precisó que luego de que la CIDH otorgara medidas cautelares el pasado 16 de junio, “las EPS dijeron que iban a disponer de un personal independiente que vigilara de manera especial a estos niños, en cambio los han tratado como a cualquier otro usuario, siguen teniendo todas las trabas administrativas para acceder a sus tratamientos médicos y esa falta de continuidad lleva a la consecuencia funesta de que estos niños mueran”.
Dos fallecidosDe los 25 niños y niñas amparados por la CIDH dos han fallecido. Santiago David murió el pasado 7 de noviembre y Víctor Manuel “el 25 de agosto del año pasado, antes de que salieran las medidas cautelares, pero quedó protegido”, dijo Nacira Villadiego Ulloa, directora de la Fundación Esperanza de Vida (Fundevida), que atiende a niños y jóvenes con cáncer en la Costa Caribe.
En estado críticoLa directora de Fundevida advirtió que “una de las peores EPS de la ciudad en estos momentos es Coomeva. No le importó las acciones de tutelas, fallos de tutela, incidentes de desacato y mucho menos ahora las medidas cautelares, porque tenemos el caso de Karen Moya, que es el más complejo de este grupo de niños, y sigue sin un diagnóstico médico”.
“Ella -explicó- empezó a perder la visión paulatinamente desde los 14 años. Hoy tiene 19 años y todavía no tiene un diagnóstico. Necesita unos estudios y la EPS no ha hecho lo necesario para que se los realicen”.
Villadiego lamentó que Karen “no ve. Necesita de la asistencia de sus familiares para movilizarse, incluso en su casa. Es una niña que tiene sueños, esperanzas, quiere estudiar, salir adelante y emocionalmente está bastante afectada porque la entidad de salud le ha hecho perder todas las esperanzas. Está deprimida en estos momentos, entonces no solamente es la salud física la que están afectando EPS como esta sino también la salud mental”.
