El hallazgo de armas de fuego y municiones durante controles policiales en diferentes puntos del departamento de Bolívar llevó a la judicialización de cinco personas, quienes ahora enfrentan procesos penales por presuntas infracciones a la normatividad sobre porte de armas.
Los casos, que no guardan relación entre sí, se registraron en los municipios de Arjona y Soplaviento y fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que formuló imputación por delitos asociados al porte y tráfico ilegal de armas.
Uno de los procedimientos tuvo lugar el 13 de enero en Arjona, donde la Policía Nacional capturó a los hermanos Duber Esneider y Duveidis Vanesa Echeverry Hurtado. En un vehículo en el que se movilizaban fueron encontrados 72 cartuchos calibre 5.56 milímetros, considerados de uso restringido.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El cargo fue aceptado únicamente por Duber Esneider Echeverry, a quien un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que su hermana continuará el proceso en libertad.
En otro caso ocurrido en el mismo municipio, fueron capturados Quendal Antua Torres Reales y Farid Miranda Alcázar, quienes se desplazaban en motocicleta por el barrio El Pueblito. Allí, las autoridades señalaron que presuntamente portaban un revólver y munición calibre 38 milímetros.
Torres Reales fue enviado a un centro penitenciario y Miranda Alcázar recibió detención domiciliaria. Ninguno aceptó los cargos.
Finalmente, en el municipio de Soplaviento, fue capturado Jaiber Alfonso García Ávila, sorprendido cuando caminaba por el barrio Maracaná con un arma de fuego calibre 32 milímetros. El juez ordenó su reclusión en centro carcelario. El procesado no aceptó su responsabilidad frente al cargo imputado.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que estos procedimientos hacen parte de las acciones para combatir el porte ilegal de armas y reducir los hechos de violencia en el departamento de Bolívar, al tiempo que recordó que los procesos continúan en etapa judicial y que los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que se profiera una decisión definitiva.