Aquarela, el edificio que se construyó en cercanías del Castillo San Felipe y que desde un inicio ha causado polémica en la ciudad debido a que amenaza el título de Patrimonio de la Humanidad de Cartagena, por su gran tamaño y estar ubicado cerca de uno de los sitios más emblemáticos, podría tener sus días contados.
En enero de este año, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que en sus manos tenía el borrador de un convenio que permitiría la demolición de Aquarela y ayer desde la Alcaldía anunciaron que dicho convenio ya fue firmado, por lo que ahora se espera que se cumpla su ejecución. Lea aquí: Nuevo plazo para demoler Aquarela: diciembre 2022
Este convenio, según indicaron desde la administración distrital, es interadministrativo tripartito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), el Ministerio de Cultura y la Alcaldía y con él se busca cumplir con la medida correctiva de policía, que es la demolición de obra, ordenada por medio de la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena, y ratificada ese mismo año por la Resolución No. 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia.
Sin embargo, los representantes de la firma constructora señalan que en caso de una demolición total del proyecto por parte de las autoridades, se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que “no existe una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura”.
El alcalde anunció que “después de varios meses de trabajo y revisiones jurídicas entre el Distrito, el Ministerio de Cultura y la Fngrd, con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), firmamos el convenio tripartito que nos permitirá recuperar el espacio público ocupado de manera irregular por la obra, tal como lo ordena la medida correctiva impuesta por la inspección de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 desde 2018, y ratificada por la Secretaría del Interior. Este convenio permitirá aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre cada entidad, dentro del marco de sus competencias, para apoyarnos en la implementación de la medida correctiva”. Lea aquí: ¿Finalmente caerá Aquarela en 2021?
Recordemos que en las resoluciones, se declaraba como infractora a la Promotora Calle 47 SAS, constructora de Aquarela, por violar las normas establecidas en el artículo 135, numerales 3 y 8 del Código Nacional de Policía y se le ordena restituir los 619,59 metros cuadrados en un término de 2 meses.
Sin embargo, se pasó el plazo y, según la Andje, que le dio un concepto jurídico al alcalde, el paso a seguir era la demolición de la edificación, así como lo establece el artículo 194 del Código Nacional Policía y Convivencia Ciudadana.
“Solicité el acompañamiento técnico y económico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que, desde la experiencia y conocimiento, asistan a la Alcaldía en la evaluación y ejecución de la medida correctiva, teniendo en cuenta los posibles escenarios de riesgo que puedan presentarse”, explicó Dau.
El plazo de ejecución del convenio es de un año y, al parecer, podrá prorrogarse siempre y cuando cuente con justificación y así conste en un documento suscrito por las partes.
Para poder cumplir el convenio, las partes deberán conformar un comité operativo para coordinar y definir las actividades respecto a temas institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros. Se reunirán mensualmente o cada vez que alguna de las partes lo solicite. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres determinará la mejor forma de aplicar la demolición sin afectar el patrimonio de los cartageneros y la nación.
El costo de este convenio es de $585.972.635, de los cuales, la Alcaldía aportará en especie $387.200.000 para asistencia técnica y administrativa, el Fngrd hará un aporte inicial de $149.933.883 correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.
Consorcio Promotora Calle 47 SAS asegura desconocer el convenio firmado, pero precisó que el fallo policivo de octubre de 2018 fue demandado por los constructores. “La constructora instauró una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos, dado que dicho fallo policivo fue adoptado con base en pruebas no idóneas con conclusiones equivocadas presentadas por Planeación Distrital. Actualmente la demanda de nulidad cursa en el respectivo juzgado”.
Gilma Úsuga, vocera de la constructora, aclaró que el fallo de restitución no contempla la demolición, por lo que “dicho fallo policivo, que ordena la restitución de 24m2 de superficie, corresponde a una ínfima parte del área del proyecto total, que los constructores están dispuestos a restituir mediante una perfilación del edificio, lo cual es técnicamente factible, y para lo que se solicitó una modificación de la licencia de construcción, que fue negada por el mismo Distrito”.