El retorno de un discurso de mano dura bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella marca un viraje en la seguridad del país. La finalización de los diálogos con grupos armados, el anuncio de un estatuto antiterrorista y el reciente decreto del 8 de septiembre que levanta la suspensión general para el porte de armas de fuego reflejan la intención estatal de recuperar el control y permitir la legítima defensa ciudadana ante cifras de incautación que vinculan miles de armas ilegales a delitos.
Es positivo que el Estado busque desmantelar las finanzas criminales que, según la Universidad EAFIT, alcanzan el 4,4% del PIB. Enfocar la inteligencia en la extinción de dominio, el contrabando y el lavado, junto a bloques de búsqueda contra la extorsión, atacaría el corazón financiero de las mafias sin desgastar inútilmente a las comunidades rurales.
La sociedad necesita recuperar la sensación de que es seguro vivir y desarrollar el plan de vida en este país. Hay que procurar que los violentos y quienes se dedican a los negocios ilícitos comprendan que esa vía no tiene sentido; tenemos que edificar una Nación que respete el derecho ajeno y que mire como sagrada la existencia propia y la del prójimo, así como el respeto de los bienes ajenos. Una sociedad donde la centralidad esté en las víctimas y no solo en los victimarios.
Sin embargo, el restablecimiento del orden no debe darse a costa del régimen constitucional, los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional. La flexibilización en el porte de armas e iniciativas de excepción penal exigen extrema cautela. La evidencia internacional demuestra que la proliferación de armas en las calles suele incrementar la violencia e intensificar los riesgos de seguridad ciudadana, mientras que los regímenes penales severos sin control estricto amenazan las garantías fundamentales.
Asimismo, la decisión judicial que frena los bombardeos donde hay presencia de menores expone un límite infranqueable. Como está la actual jurisprudencia, la protección de los niños víctimas del reclutamiento forzado obliga a aplicar el principio de precaución y distinción del DIH, que exige de la efectividad militar no eclipsar el deber supremo de salvaguardar la vida de aquellos. Por supuesto, habrá que afinar esa política, en tanto que los jefes de los grupos armados y mafiosos ahora procurarán reclutar más niñas y niños para, en su infinita cobardía, usarlos de escudos humanos a fin de evitar el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado.
El país necesita seguridad para garantizar la libertad, y esta solo es sostenible si se edifica sobre el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales. El éxito de esta ofensiva no se medirá solo por la severidad de las medidas, sino por la capacidad del Estado para imponer el orden sin vulnerar los principios democráticos.