Colombia entra en la recta previa a uno de los ciclos electorales más importantes para su democracia. Las elecciones legislativas de 2026 están programadas para el 8 de marzo, fecha en la que los ciudadanos elegirán Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, el país acudirá a las urnas para los comicios presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo y, de ser necesaria, una segunda vuelta el 21 de junio de 2026.
En este contexto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el deterioro del riesgo electoral en el país. Según explicó, desde la expedición de la Alerta Temprana 013 de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, el panorama muestra un alza en el número de municipios con distintos niveles de alerta.
“Eso lo podemos evidenciar por el incremento de municipios en situación de riesgo. De 62 a 69 en los que se requiere una acción inmediata, de 162 a 168 municipios que requieren una acción urgente y de 425 a 433 que requieren una acción prioritaria, eso da 670 municipios más de los que teníamos en octubre”, explicó la funcionaria en entrevista exclusiva con El Universal.
De acuerdo con Marín, estas cifras reflejan el incumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. “Hicimos una medición del cumplimiento de las recomendaciones que debían implementarse en los primeros tres meses y encontramos un nivel de implementación del 42%. Es decir, un 58% de las recomendaciones no se implementaron oportunamente por las instituciones del Estado”.
La entidad calificó este escenario como una “inercia institucional”. Aunque reconoce que las instituciones están trabajando, advierte que no existe una priorización efectiva de las alertas en los territorios, lo que limita el impacto real de las acciones adoptadas. Le puede interesar: Elecciones 2026: 1,79 millones de ciudadanos en Bolívar aptos para votar
Grupos armados y libertad electoral en Bolívar
Frente a las inquietudes que han surgido en algunos sectores sobre la realización de las elecciones, la defensora fue enfática. “Nosotros estamos convencidos que sí habrá elecciones”, afirmó, al tiempo que aclaró que el principal riesgo no se concentra únicamente en la jornada electoral.
Esto se debe a que, “en estos momentos estamos evidenciando una intervención de los grupos armados y de criminalidad organizada que está afectando sobre todo la libertad de los votantes y también las libertades de quienes hacen campaña por el territorio nacional”, aseguró Marín.
En la región Caribe, explicó, el aumento del riesgo está asociado a amenazas, coacciones, restricciones de movilidad y ataques directos. Estas dinámicas, según la Defensoría, buscan incidir tanto en la gestión pública como en el desarrollo de los comicios. Le recomendamos: Elecciones en Colombia: lo que debes saber antes de ir a votar
“Aquí lo que vemos es una presencia hegemónica del Clan del Golfo en la región Caribe, un crecimiento de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en disputa con el Clan del Golfo (…) tenemos una preocupación especial por el curul de la paz de los Montes de María, allí el Clan del Golfo está ejerciendo una gobernanza armada muy importante, eso se refleja en la prohibición de la circulación de candidatos que tienen protección estatal, la restricción del proselitismo en ciertos corregimientos del Carmen de Bolívar, de Córdoba y de San Onofre, y también hemos visto que el grupo respalda algunas candidaturas específicas”, indicó.
Sobre el sur de Bolívar, la defensora señaló que, aunque no existe un control hegemónico del Clan del Golfo, persisten disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia del Frente 36 de las Disidencias de Calarcá.
En el sur de Bolívar nosotros tenemos identificado que el Clan del Golfo abordó a funcionarios de la Registraduría impidiendo temporalmente sus labores”.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.
Según el análisis de la Defensoría colombiana, estos hechos no responden necesariamente a motivaciones ideológicas, sino a la intención de los grupos armados de mantener sus intereses territoriales.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
Ante este panorama, la defensora insistió en la necesidad de aplicar de manera efectiva las recomendaciones de la Alerta Temprana. “Son 20 recomendaciones, 11 se debían haber cumplido en los tres primeros meses, tiene que ver con prevención y protección, coordinación institucional, fuerza pública, judicialización, seguimiento del Ministerio Público, todo el tema de financiación de las campañas, etcétera”.
La funcionaria subrayó la importancia de avanzar en investigaciones que permitan verificar posibles incidencias indebidas en el proceso electoral.
Riesgos posteriores a las elecciones en Colombia
Finalmente, los riesgos no desaparecen tras la jornada electoral, de acuerdo con Marín. Disputas, amenazas o agresiones podrían presentarse una vez se conozcan los resultados, especialmente en escenarios donde resulten electas personas que no sean de la conveniencia de los grupos ilegales.
Ante ello, reiteró la necesidad de mantener las medidas de protección. “Hay que seguir cuidando a las candidaturas y a las personas electas”, concluyó.