Un buen precio y una excelente ubicación, cerquita del Castillo San Felipe y a solo unos minutos del Centro Histórico de la ciudad. Esas fueron las características que convencieron a Laura Garrido de comenzar a pagar su apartamento en Aquarela, un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) en Torices. Según las cuentas, dos años después del inicio de la construcción ella ya viviría en su espacio, pero a la fecha nada de esto ha pasado y su ilusión de tener vivienda propia se vino abajo.
“Cuando me hablaron del proyecto, no quería invertir, pero luego vi los beneficios del precio, eran $105 millones, con la ubicación y los metros cuadrados que tendría cada apartamento, y me animé. Compré y yo pensaba que en dos años, así como estaba estipulado, ya estaría viviendo ahí, pero todo cambió”, lamentó Laura, quien alcanzó a pagar $20 millones de la cuota inicial. Lea aquí: Compradores de Aquarela se sienten olvidados por el Distrito
Lo mismo ocurrió con Jaime Sánchez y su esposa, quienes vieron en Aquarela un buen lugar para que sus hijos crecieran, por eso decidieron apostar sus ahorros para adquirir uno de los apartamentos en la primera torre de esta edificación, con la ilusión de ser unos de los primeros en mudarse y así comenzar una nueva vida con vivienda propia, pero en el 2017, cuando recibieron la noticia de la suspensión de las obras, comenzaron una batalla donde los más perjudicados han sido ellos, lo peor es que cuatro años después el calvario se extiende cada vez más, sobre todo ahora que fue firmado el convenio para recuperar 619,5 metros cuadrados de espacio público que ocupan los edificios y que según las autoridades deben ser restituidos, incluso si toca demoler lo construido.
Son más de 200 familias las que apostaron por este proyecto, al comprar en las torres 1 y 2, que fueron las únicas que la constructora alcanzó a levantar.
“Es muy triste que a nosotros como compradores nos esté pasando esto. La mayoría somos familias trabajadoras que invertimos nuestros ahorros para tener algo propio y nos tienen así, sin saber qué va a pasar y sin la posibilidad de devolvernos nuestro dinero”, dice Jaime, quien agrega que “es realmente frustrante saber que tu dinero está allá represado sin que la Alcaldía, el Estado ni la constructora den respuestas, mientras vemos pasar los años y ese proyecto de vivienda sigue estancado. Ahora invertir en otro proyecto implica el doble del sacrificio, porque ya parte de tus ahorros se fueron con Aquarela, y se vuelve muy difícil hacerlo realidad”, comentó el comprador.
La familia de Sánchez alcanzó a pagar 21 millones de pesos de la cuota inicial.
Los compradores coinciden en que la constructora, la fiducia y el Distrito no los escuchan ni les resuelven la situación, por lo que han terminado siendo los “más perjudicados en todo esto”.
Luis Eduardo Torres, comprador y representante de las familias, aseguró que: “La constructora se muestra negativa ante toda solicitud de devolución de dineros invertidos porque atribuyen responsabilidad directa al Distrito y a la nación. Las partes no han tenido un mínimo acercamiento conciliatorio con nosotros”.
“Gran parte de los compradores estamos unidos y esperando la oportunidad legal para entablar las demandas correspondientes – señaló –. En estos momentos estamos en la consolidación de los perjuicios particulares de cada uno de los compradores y su núcleo familiar”.
Son por lo menos 900 familias las que adquirieron su unidad de vivienda en alguna de las cinco torres del proyecto y unas 200 aproximadamente que invirtieron en las torres 1 y 2, son estas las que aún no han podido lograr la devolución de su dinero, pues deben esperar mientras se define la situación judicial del edificio.
Ayer, la Alcaldía de Cartagena anunció que junto al Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), firmaron el acta de inicio del convenio para definir cómo se hará la restitución del espacio público de Aquarela, después de tener un concepto técnico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que señaló que la resolución de la Inspección de Policía y de la Secretaría del Interior cumplió el plazo y que la acción que procede es demoler, tal como lo establece el artículo 194 del Código Nacional Policía y Convivencia Ciudadana. Lea aquí: Polémica por convenio para demolición de Aquarela
Según el documento, los 619,5 metros cuadrados se deben restituir en el plazo de un año, contados a partir del pasado 2 de agosto.
Esta decisión fue tomada como medida correctiva de policía ordenada a través de la Resolución No. 001 del 9 de octubre de 2018, y ratificada el 26 de octubre de ese mismo año por la Resolución 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia.
Según la Resolución No. 001, Promotora Calle 47 SA infringió las normas urbanísticas, por lo que la inspectora de Policía de la Comuna 2 sancionó a la constructora con el pago de 156 millones de pesos y le ordenó restituir los 24 m2 de superficie en el primer piso, que al multiplicar por los 25 pisos de la torre, da un total de 619 m2.
Sobre la forma en la que se ejecutará esta restitución, se planteó la conformación de un comité operativo, que se encargará de coordinar y definir las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto respecto a temas institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros. Además de vigilar el adecuado cumplimiento del plan de operación. Lea aquí: Superindustria presenta cargos contra constructores de Aquarela
Este convenio, según se conoció, tiene un valor de $585.972.635. La Alcaldía de Cartagena aportará $387.200.000 para asistencia técnica y administrativa, el Fngrd hará un aporte inicial de $149.933.883 correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.
Desde Promotora Calle 47 SAS aseguran que mantienen su voluntad de restituir el espacio público, sin necesidad de hacer efectiva la demolición de la edificación, sino mediante una perfilación del edificio, pero señalan que la solicitud de modificación de la licencia de construcción del proyecto para hacer este procedimiento fue negada por la Secretaría de Planeación Distrital en agosto de 2020.
“El fallo policivo no contempla demolición y no existen fundamentos técnicos ni jurídicos para señalar que se está ante una situación de riesgo con la estructura, como lo dictaminó el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de segunda instancia emitida el 7 de diciembre de 2020, ni se han agotado los procedimientos necesarios para deducir que existe una infracción a la norma de sismorresistencia o a la licencia aprobada”, explicaron, añadiendo que en caso de una demolición total del proyecto por parte de las autoridades, se estaría dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que no existe una orden judicial que establezca la demolición total de la estructura.
Demoler, asegura la constructora, conllevaría altos costos para el Distrito, que tendría que asumir la reparación directa a las víctimas de este proceso, entre las que se encuentran las familias cartageneras y los constructores.
“Promotora Calle 47 cursa un proceso contra dicho fallo policivo ante el contencioso-administrativo, el cual no ha concluido, y continuará atendiendo todos y cada uno de los requerimientos jurídicos en el marco de los procesos legales en marcha”, finalizaron.