La protección de los animales en Cartagena es un tema que poco avanza. El 10 de junio pasado, la Policía Metropolitana capturó a un cochero que el fin de semana fue captado en video mientras intentaba “reanimar” a un caballo cuyo estado de salud le impedía sostener el pesado carruaje.
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Ese mismo día, en la tarde, la Fundación Rescate para Animales Desamparados (FRAD) reportó el caso de un burro en condición de abandono en una calle del barrio Fredonia. El animal fue dejado en plena calle deshidratado y con varias magulladuras en su piel.
Conforme pasan los días, se repiten los casos. En lo que va de 2019, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 10 personas por el delito de maltrato animal y, aunque en 2018 el Distrito lanzó con bombos y platillos el proceso de formulación de la política pública de protección y bienestar animal, aún no se ha puesto en marcha.
Ante este panorama y con ayuda de los animalistas, El Universal enumera los temas que hacen de Cartagena una ciudad poco comprometida en la defensa de los animales.
Sustituir los Vehículos de Tracción Animal (VTA) por motocarros es una tarea que le ha tomado al Distrito unos cinco años. El 22 de septiembre de 2015 arrancó este proceso con 80 de las 581 personas dedicadas a ese oficio (según censo del presente año).
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En julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Bolívar falló una acción popular que le ordenaba al Distrito en un plazo de tres meses la implementación de proyectos y programas para facilitar la sustitución de los VTA. El fallo que ampara los derechos colectivos a la seguridad, comodidad, salubridad pública, el goce del espacio público, la protección de un ambiente sano y el cuidado de las especies animales.
Sin embargo, solo hasta diciembre de 2018 la Alcaldía y el Departamento de Tránsito y Transporte (DATT), entregaron a 19 personas nuevos motocarros con la promesa de ejercer control a los beneficiarios para que los vehículos no fuesen vendidos y las personas no reincidieran en el uso de tracción animal.
Juan Carlos Cárcamo, abogado animalista, es enfático al señalar que el proceso para sustituir estos animales por motocarros sigue a “medias”.
“Ya existe un fallo de primera y segunda instancia confirmado por el Tribunal Administrativo de Bolívar y ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo, donde se ordenó al Distrito la sustitución total de todos los vehículos de tracción animal. El Distrito está en mora de cumplir con el mandato del fallo de este juzgado y de la normatividad que rige esta norma que es el Código Nacional de Transporte. Ahora mismo el proceso está en desacato porque es evidente que hay un incumplimiento de las ordenes judiciales”.
Frente a esto, la Alcaldía de Cartagena manifestó que en aras de cumplir con la acción de cumplimiento del fallo judicial, suscribió un contrato para actualizar el censo hecho en 2015 y tener nuevamente cuantificada a la población dedicada a este oficio. “El proceso tendrá una duración o plazo de dos meses y tiene como alcance determinar el número de propietarios de equinos y carretas, utilizados en VTA en el Distrito y establecer parámetros para su sustitución”.
El contrato fue firmado con la empresa Diferencial Comunicación Publicitaria LTDA, por un valor de $74.000.000.
Vicky De Zubiría, vocera animalista, denuncia que, mientras no exista voluntad política, el bienestar de los animales en la ciudad seguirá en juego.
“El Distrito tiene que concentrarse en las esterilizaciones, porque es lo único que frena los indicadores de natalidad. Cada perrito que nace, por ejemplo, en su vida son 7 mil por su procreación, porque ellos son cada seis meses y nacen entre 6 y 8, entre hembras y machos. Pero como no existe una voluntad política para terminar este trabajo con responsabilidad, sigue creciendo la fauna callejera”, dijo.
En una sentencia de primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena ordenó a la Alcaldía realizar un censo de animales en condición de calle con el objetivo de garantizar jornadas de esterilización y culminar con la creación de un Centro de Bienestar Animal. De acuerdo con Juan Carlos Cárcamo, abogado animalista, la proliferación de animales callejeros sin ningún control afecta la salud pública, la salud humana y el medio ambiente. Por eso en dicho fallo “el juez ordena esterilizaciones masivas en todos los barrios de Cartagena”.
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Según cifras entregadas por la Umata, a corte de 2018 se contabilizaron 128.496 perros y 30.098 gatos en condición de calle para una población total de 158.524 animales. Al indagar con el Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis), sobre la puesta en marcha de las jornadas de esterilización, no obtuvimos respuesta.
Frente a la creación del Centro de Bienestar Animal, el Distrito respondió a los animalistas que se va a apoyar con El Guardián un centro de bienestar animal que la Gobernación de Bolívar está próximo a inaugurar.
Leonel Guardo, director de El Guardián, aseguró que el centro sí está capacitado para atender a la fauna callejera de la ciudad, pero sostiene que será necesario la financiación para este lugar por parte del Distrito.
“Nosotros como departamento le hicimos la propuesta al alcalde encargado y le explicamos que se podría firmar un convenio entre las dos administraciones para atender la fauna callejera de la ciudad, pero aún no hemos recibido una respuesta”.
La captura de un cochero por maltrato animal trajo sobre la mesa la eficacia en los controles que se realizan las autoridades a este servicio en el Centro Histórico.
De acuerdo con Juan Carlos Cárcamo, es urgente que entidades como Umata y el DATT se comprometan a ejercer controles para que se cumpla el decreto 0656 de 2014.
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“Si esto sigue como rueda, se van a seguir presentado desplomes de caballos por mal herraje, sobrecupo y todo eso constituye maltrato animal”, recalca.
El tema de los caballos cocheros era crucial en el proceso de construcción y formulación de la política pública de protección y bienestar animal en Cartagena, que, aunque el Distrito anunció que estaría lista en el primer trimestre de 2019, el proceso todavía está “en curso”.
“El diagnóstico en el que viene trabajando la Umata y la Alcaldía para evidenciar la problemática de maltrato animal en la ciudad, ha arrojado unos hallazgos que nos han llevado a reestructurar toda la metodología de la política pública. Vamos a iniciar una nueva fase dentro de los próximos días sobre recolección y análisis de datos, el ideal es tener un resultado que nos muestre conceptos técnicos efectivos para poner en marcha al mes de septiembre”, indicó Andrea Delgado Córdoba, abogada de la Asociación Animalista Libera, encargada de su construcción.
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